Sospechan que dos familias riojanas venían a usurpar casas

Tienen firmes sospechas que su verdadera intención era la de sumarse a la usurpación de viviendas del Programa Social Habitacional que ejecuta la comuna con fondos propios.

Vecinos de Cañadón Seco repudiaron los hostigamientos telefónicos y amenazas que recibió la responsable del COE de esa localidad, Estela Llampa, por parte de individuos relacionados con dos familias procedentes de La Rioja, a las cuales los organismos de control apostados en el la Comisaría Ramón Santos no les permitieron el miércoles ingresar a Santa Cruz por no ser residentes ni poder justificar los motivos de intentar llegar hasta la comisión de fomento.

Además, tienen firmes sospechas que su verdadera intención era la de sumarse a la usurpación de viviendas del Programa Social Habitacional que ejecuta la comuna con fondos propios.

Ello teniendo en cuenta que uno de los integrantes de esas familias está relacionado con Betina Britos, una las mujeres que hace pocas semanas ocupó ilegalmente dos de las cuatro unidades que estaban en su etapa final de construcción y aún no se encuentran adjudicadas.

Por lo que pudieron averiguar, se trata de José Melitón Ocampo quien hace mucho tiempo había fijado domicilio en el barrio Gas del Estado de Cañadón Seco y se alejó de la zona.

Lo llamativo es que a fines de octubre de 2018 un juzgado penal de Comodoro Rivadavia, a cargo de Mariel Suárez, le cursó una cédula de citación por estar involucrado en un homicidio culposo ocurrido en la ciudad chubutense.

La audiencia había sido fijada para el 1° de marzo de 2019 y para ello se libró un oficio a la Policía de Santa Cruz, a fin de que le hiciera entrega de la cédula de notificación, recayendo ese trámite en la Comisaría de Cañadón Seco.

La comisión de esa dependencia se hizo presente el 24 de enero en la casa N° 8 del citado barrio, pero en ese domicilio solo se hallaba su hijo.

El mismo hizo saber a los uniformados que hacía alrededor de un año que su padre (José Melitón Ocampo) ya no vivía en ese lugar y se había mudado al barrio Las Malvinas de la capital riojana y que solo de manera esporádica mantenía alguna comunicación telefónica.

Si bien aportó un número de teléfono celular, las autoridades policiales nunca tuvieron respuesta a los llamados que hicieron al mismo, por lo cual se reportó esa novedad a la juez que intervenía en la investigación del citado hecho delictivo.

Cuando el miércoles estaba en el límite interprovincial esperando que le permitieran ingresar, Ocampo declaró a un medio periodístico que él pertenecía a la Policía de Santa Cruz y que debía reincorporarse a sus funciones.

Sin embargo, el comisario mayor Pablo Rodríguez, jefe de la Dirección Regional Zona Norte, dijo al ser consultado por El Patagónico que si bien esa persona formó parte de la institución, hace aproximadamente dos años se dio de baja por estar involucrado en una grave causa judicial.

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