Los sindicatos petroleros de Chubut, Neuquén y otras regiones negocian por estos días con las cámaras empresarias una compensación que les permita a los operarios de esa industria sentir un menor impacto del Impuesto a las Ganancias sobre sus salarios.
Mientras tanto, recién esta mañana los bancos volverán a abrir sus puertas en todo el país luego de un paro de 48 horas basado en un reclamo similar de la Asociación Bancaria. Solicita que la patronal se haga cargo de los crecientes descuentos que el “impuesto al trabajo”, como lo tildan varios gremios afectados, genera en los sueldos de los trabajadores de su sector.
Hace siete días los empleados de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia marcharon hasta el edificio comunal para reclamar que Nación actualice los montos a partir de los que se empieza a pagar ese tributo.
Al mismo tiempo, los dos gremios docentes de Chubut –ATECh y SITRAED- le solicitaron al Ministerio de Educación de la provincia reabrir las paritarias. Piden analizar qué ítems de su recibo de haberes pueden ser excluidos en el cálculo del gravamen.
Con esas demandas sectoriales, pero que tienen un común denominador, empieza a terminar un año donde a diferencia de los últimos cinco el Estado nacional no ha fijado modificaciones en el “Mínimo no imponible” que es la base de aplicación del impuesto. Así, los sindicatos cuyos representados se encuentran entre los principales alcanzados por el tributo insisten en pedir cambios. Es que el efecto en los bolsillos será mayor en diciembre respecto a los meses anteriores, cuando a los descuentos también se sume una proporción del medio aguinaldo que puede llegar a una retención del 35% del mismo.
Tanto a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el Gobierno volvió a descartar esta semana la posibilidad de modificar el gravamen en lo que resta de 2014, o eximir el medio aguinaldo de la base de cálculo.
La decisión obedece a un factor económico que Capitanich ha reconocido en más de una oportunidad: el Impuesto a las Ganancias –que tiene entre los trabajadores en relación de dependencia más de un millón de contribuyentes- representa en la actualidad una de las principales fuentes de recaudación con que cuenta el Estado para afrontar el gasto público y su recorte podría afectar los programas sociales, así como la coparticipación de fondos a las provincias.
Incluso las estadísticas reflejan que en casos como Chubut el Estado nacional recauda más a través del Impuesto a las Ganancias que por el Impuesto al Valor Agregado, que es el gravamen que se aplica sobre todos los productos y servicios que adquiere cualquier consumidor.
Uno de los argumentos que plantea Nación para mantener todo como está es que este año permanece vigente el decreto firmado en agosto de 2013, que exceptúa del pago de Ganancias a todos aquellos asalariados que durante el primer semestre del año pasado hayan percibido un sueldo bruto mensual de hasta $15.000 (unos $12.450 de bolsillo tras los descuentos de Jubilación, Obra Social y otras deducciones).
El problema es que el resto de los trabajadores continúa tributando a partir de un sueldo de bolsillo promedio de $9.771,84 en el caso de la Patagonia. Y los reclamos se basan no sólo en el recorte que los salarios sufren tanto por la incidencia del impuesto como de la inflación, sino por las asimetrías que la falta de actualización del mínimo no imponible genera entre trabajadores de una misma rama.
De ese modo, a partir de los aumentos salariales otorgados en 2014, e incluso en 2013, llega a darse la paradoja de que quien sigue estando exceptuado del impuesto puede terminar cobrando un sueldo de bolsillo más alto que quien cumple dentro de la misma empresa una tarea de mayor responsabilidad, que cuenta con una mayor calificación profesional o que trabaja más horas, ya que al pagar ese tributo y no existir una actualización de las deducciones, sufre un porcentaje cada vez más elevado de retenciones.
A lo largo de este año sindicatos nucleados en las distintas fracciones de centrales obreras como la CGT y la CTA plantearon sin mayor éxito reclamos conjuntos por Ganancias, que incluyeron paros de carácter nacional. Ese reclamo colectivo, que chocó contra las propias divisiones del mundo gremial, se fue diluyendo para dar paso a planteos sectoriales donde los sindicatos considerados de “peso” -por cantidad de afiliados o por pertenecer a actividades esenciales para la economía del país- son los que muestran capacidad de alzar la voz.
Esa estrategia sectorial es una suerte de reacción frente a la propia táctica que muestra Nación. Ante el pedido de actualizaciones en el cálculo del impuesto parece haber optado por despejar la pelota de su área para dejar que el partido se juegue sólo entre sindicatos y empresarios. La discusión se concentra así en un bono de fin de año que sirva de paliativo o compensación, como reclaman petroleros y bancarios, entre otros.
La única excepción ha sido el beneficio conseguido por los camioneros de Chubut y Santa Cruz que se desempeñan en el sector petrolero, quienes lograron que el Ministerio de Trabajo homologara un acuerdo para que las primeras 90 horas extras mensuales que acumulen en sus tareas queden eximidas del cálculo de Ganancias.
Cuando a fines de octubre los sindicatos petroleros –convencionales y jerárquicos- de las principales cuencas productoras amenazaron con un paro por Ganancias y fueron convocados a dialogar con Nación, parecía que iban a conseguir que algunos nuevos coeficientes de sus salarios quedaran exceptuados del cálculo del gravamen, como ya ocurre con rubros como viandas y horas de viaje.
Sin embargo, las conversaciones de los dirigentes petroleros con Capitanich y Tomada sólo significaron una apertura para que esos gremios se sienten a discutir con las cámaras empresarias una compensación. Las negociaciones avanzan y hay algunos principios de acuerdo que luego deberá homologar el Ministerio de Trabajo, por lo que todavía permanece latente la posibilidad de un paro.
Dentro de ese panorama no es casual que la mayoría de los reclamos nazcan en la Patagonia. A pesar de que entre los argumentos esgrimidos por algunos funcionarios para que Nación mantenga las actuales condiciones del impuesto está que sólo el 11% de los trabajadores en el país hoy paga tal gravamen, el contexto marca que la mayor parte de los alcanzados reside en provincias como Chubut, Santa Cruz o Neuquén donde en promedio existen sueldos más altos, pero también un costo de vida más elevado.
“A veces es difícil entenderlo en algunos lugares del país. La cantidad de gente que paga Impuesto a las Ganancias en el país es mínima, con lo cual es un tema nuestro y bien patagónico”, reconoció el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, quien acompañó a referentes regionales de la CGT Ubaldini a una reunión que el miércoles sostuvieron con el jefe de Gabinete en Buenos Aires para hablar sobre la situación.
Así, un año de definiciones electorales como el próximo será esperado con expectativa a nivel nacional por los gremios ante los cambios que puedan adoptarse en Ganancias, pero sobre todo por los asalariados patagónicos que aguardan que se discuta en el Congreso un proyecto impulsado por el senador Marcelo Guinle y el diputado Juan Mario Pais, que cuenta con el acompañamiento de legisladores y sindicatos. Apunta a que el coeficiente de zona desfavorable en los sueldos de las provincias patagónicas quede exceptuado del pago del gravamen.
Esa iniciativa no es la panacea, pero en caso de ser aprobada representará un alivio para aquellos trabajadores que hoy se sienten como en el mito griego de Sísifo, quien todos los días trata de ascender una empinada montaña con una roca gigante. Cuando cree haber alcanzado la cima, su pesada carga rueda cuesta abajo y debe volver a intentarlo.