Los jueces Fabio Monti y Sergio Piñeda confirmaron la decisión del tribunal de enjuiciamiento por la causa de Julián Antillanca y otorgaron la prisión preventiva a los policías Martín Solís y Laura Córdoba. En tanto, Jorge Abraham desistió del pedido debido a que cumple una condena.
Los tres efectivos el lunes fueron declarados penalmente responsables del homicidio de Julián Antillanca, ocurrido el 5 de setiembre de 2010 en Trelew. La audiencia de revisión se desarrolló ayer a instancias del pedido del defensor Gustavo Castro, quien impugnó la decisión adoptada por el tribunal integrado por Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Di Biasse.
La solicitud para que se exima del cumplimiento de prisión fue para Córdoba y Solís, debido a que Abraham no se presentó a la audiencia y envió una nota a la Oficina Judicial en la que renunciaba a esa posibilidad. Este cumple condena por apremios ilegales que tuvo como víctimas a los hermanos Sergio y Matías Aballay.
El abogado argumentó que sobre sus defendidos siempre pesó la amenaza penal a partir de ser imputados y que esta situación nunca afectó para que los mismos tuvieran buena predisposición con el proceso.
Por su parte, la fiscal general Mirta Moreno señaló que a partir del veredicto de culpabilidad queda en evidencia el peligro de fuga, con una expectativa de pena única de prisión perpetua, observándose las características del crimen y el daño producido.
En la resolución los magistrados decretaron la prisión preventiva contra los dos efectivos presentes en la sala. Vale recordar que el 30 de julio se hará el debate de la pena, donde Solís, Abraham y Córdoba podrían recibir la prisión perpetua.
En cambio el comisario Carlos Sandoval, quien cumple una condena en suspenso de dos años también por el caso Aballay, fue declarado culpable de encubrimiento de homicidio agravado y le espera una pena mínima de tres años de cárcel. Mientras tanto, debe acudir diariamente a la oficina de ejecución penal para registrar su firma.
Al comienzo del debate la única acusada civil, Gabriela Bidera, fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba y condenada a realizar trabajos comunitarios en un colegio de Puerto Madryn.