Confirman que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro

Por su parte, la representante de la Asamblea Jáchal No se Toca, Miriam Corso, indicó que los peritaje que confirman contaminación "son un empuje a la lucha pero hay una negación del tema, donde se minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población".

Se confirmó, a través de un nuevo peritaje oficial, que el derrame de cianuro que tuvo lugar en octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", señala el informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
De acuerdo con el informe, al que tuvo acceso el diario La Nación, las muestras analizadas "evidenciaron presencia de cianuro total". A su vez, se encontró "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Por tal motivo el fiscal del caso, Ramiro González, realizó un pedido a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que se analicen las muestras de las zonas donde se detectó exceso de sales y cobalto.
"En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica", concluye el informe.
El tema de los riesgos que implica la actividad minera para el medio ambiente y la salud cobró actualidad en las últimas semanas a partir de que el gobierno anunció la eliminación de retenciones para las empresas del sector "sin la contrapartida de medidas de protección" para la población y el ambiente, según advirtieron dirigentes como Lilita Carrió y Margarita Stolbizer.
Por su parte el gobierno de San Juan aseguró que los ríos de la provincia "no fueron contaminados ni tampoco lo fue el suministro domiciliario" después del derrame ocurrido el 13 de setiembre pasado en un ducto de la mina Veladero.
La causa por ese derrame está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y delegada en el fiscal, aunque aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir si se sigue con la pesquisa en el ámbito porteño o en San Juan, donde hay una investigación también abierta.
El gobierno de San Juan afirmó ayer que los ríos de la provincia "no fueron contaminados y el agua de consumo de las comunidades no fue afectada", durante el derrame de solución cianurada ocurrida durante la noche del 12 de setiembre pasado en la Mina Veladero que explota la empresa canadiense Barrick Gold.
Así, la administración provincial salió a contestar el informe de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, realizado en el marco de la causa que lleva adelante Casanello.
Según el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, Marcelo Giglione, al gobierno local le "sorprendió la publicación del informe".
Por su parte, el representante de la Asamblea Jáchal No se Toca, Miriam Corso, indicó que los peritaje que confirman contaminación "son un empuje a la lucha pero hay una negación del tema, donde se minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población".
"Tenemos análisis de verduras por un laboratorio del sur donde la contaminación está comprobada. Está el caso de un niño de cinco años de Jáchal donde aparecen rastros de mercurio con un análisis de sangre, con identidad reservada porque reciben amenazas", denunció y recordó que los asambleístas acampan frente al municipio local desde el 13 de setiembre pasado,
"No nos vamos a ir hasta que la última mina no se vaya, porque son incompatibles con la vida de la población", concluyó.

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