A Joel Rodríguez le revocaron la prisión en suspenso por incumplir reglas de conducta

El 25 de febrero de 2014 el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia había condenado a Joel Rodríguez a un año de prisión en suspenso por tenencia simple de estupefacientes. Debía fijar domicilio, abstenerse de consumir drogas y tener armas, no cometer nuevos delitos e infracciones, adoptar un empleo regular, prestar cien horas de trabajo comunitario gratuito a una institución de bien público y someterse a un tratamiento educativo sobre el abuso de estupefacientes. Sin embargo, acumuló nuevas imputaciones penales en las órbitas federal y provincial. La última de ellas, por venta de estupefacientes, ya fue elevada a juicio y se encuentra en prisión preventiva. También espera un juicio por robo agravado y amenazas con armas de fuego. Por esa razón, el juez de ejecución penal le revocó la condicionalidad de la pena federal. Así la condena de un año de prisión que le impusieron, pasó a ser de cumplimiento efectivo.

A Joel Antonio Rodríguez, un hombre que se encuentra en prisión preventiva tras ser elevada a juicio una nueva causa en su contra por estupefacientes y por robo agravado y tenencia ilegal de armas, el juez de Ejecución Penal en lo Federal, Enrique Guanziroli, le revocó la condicionalidad de una pena que le había sido impuesta el 25 de febrero de 2014. De ese modo, su condena ahora deberá ser de prisión efectiva.

En esa causa en la que se investigó por venta de drogas a un grupo de ciudadanos dominicanos que residen en Comodoro Rivadavia, Rodríguez fue condenado en 2014 por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal a un año de prisión en suspenso al haber sido considerado autor penalmente responsable de tenencia simple de estupefacientes.

Pero en la sentencia había mandas judiciales que Rodríguez debía cumplir, y que cuatro años más tarde cuando su defensa particular pidió la extinción de la pena, la Fiscalía Federal sacó a relucir que no había cumplido con casi ninguna de esas exigencias.

LAS NUEVAS CAUSAS

En la Justicia ordinaria, Rodríguez está imputado por el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego en concurso real con amenazas por un incidente registrado el 23 de junio de 2016, a las 13, en la que el habría “extraído del interior de su campera un arma de fuego de dos cañones de gran porte”.

En el marco de esa investigación, el 25 de junio de dicho año se allanó su vivienda donde se secuestró de un dormitorio matrimonial un arma de fuego calibre 45 mm con un cargador y 6 cartuchos a bala.

Rodríguez ni su pareja contaban con autorización legal para poseer dicho armamento, delito por el cual está acusado y a la espera de juicio oral. Mientras tanto, la jueza federal Eva Parcio de Seleme ya elevó a juicio una causa en la que el 25 de setiembre de 2017 se llevó a proceso por presunto comercio de estupefacientes -desde de abril de 2016 a febrero de 2017 y en la que se encuentra detenido desde el 19 de febrero del año pasado.

Hay que recordar que en 2015, Rodríguez ya había sido condenado también a un año y seis meses de prisión efectiva por tenencia simple de estupefacientes en una causa en la que estaba imputado junto a su madre Cruz María Rodríguez, alias “La Reina de la Noche”, a quien se le impuso una pena de cuatro años de prisión por tenencia con fines de comercialización.

Rodríguez debía residir en el domicilio que constituyera, el que no podía modificar sin conocimiento y autorización del juez de ejecución. Fijó residencia en Chaco al 1600 del barrio Pietrobelli y se mudó luego a Malvinas al 800 del barrio Jorge Newbery, pero en un control de detención en la Oficina Judicial fijó como domicilio un departamento de la Torre 4 del barrio Las Torres y el secretario actuante en esa causa certificó que Rodríguez tiene domicilio real actual en 13 de Diciembre al 900.

No hizo constar empleo regular, sino que solo dio manifestaciones de que trabajaría por su cuenta en el área de la construcción y se supo que el 6 de abril de 2016 dio inicio al tratamiento educativo sobre el abuso de estupefacientes. Sin embargo, el 18 de junio de 2017, el Centro Integral de Tratamiento de Problemáticas de Consumo informó: “no se ha logrado que el usuario adhiera a los tratamientos, presentando una asistencia interrumpida hasta llegar al abandono de los espacios terapéuticos indicados … no logrando generar una apropiación por parte del joven de los espacios propuestos”.

De ese modo, “en el incumplimiento de la mayoría de las condiciones impuestas radica la imposibilidad de hacer lugar a la pretensión defensista y sobreviene la necesidad de revocar la suspensión de la pena dispuesta”, argumenta Guanziroli en su fallo.

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