Al mejor estilo menemista y con la venia de Javier Milei, el presidente del Correo Argentino, el experonista Camilo Baldini, está lanzado a publicitar que el achique que aplica en la empresa estatal es una acción patriótica, de cuidado de los recursos públicos y el bien común.
"Achicar el Correo para agrandar la nación" podría ser el título del plan de ajuste que viene llevando adelante Baldini, un funcionario que trabajó durante muchos años y hasta 2015 en el Correo, de donde fue desplazado por el macrismo y al que en 2019 volvió de la mano del entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero.
El plan en marcha hoy consta de dos movimientos simultáneos que son una vieja aspiración del funcionario libertario: achicar la planta de personal de la compañía en la que el Estado es el único accionista y reducir las sucursales ubicadas en provincias y localidades de todo el país.
Según la proyección del plan oficial, que fuerza una comparación con Aerolíneas Argentinas, estas medidas redundarían en una caída de los recursos públicos destinados a la empresa.
Lo cierto es que la empresa de correos viene demandando importantes sumas de recursos públicos. Sólo en mayo de este año, recibió un giro de más de 130.000 millones de pesos para solventar una ola de despidos acordados.
LOS DESPIDOS EN EL CORREO
El primer punto, que buscó la salida masiva de trabajadores, se cumplió parcialmente durante el primer semestre del año con un plan de retiros voluntarios que resultó en la salida de un 25% de la planta laboral. La movida permitió la desvinculación de algo más de 3.500 personas empleadas sobre un universo cercano a las 15.000, pero se vio interrumpida por la falta de recursos.
El plan inicial de Baldini, que supo colocar varios familiares en lugares clave, era reducir la plantilla hasta el 50% ofreciendo retiros con un tope máximo de 70 millones de pesos, entre indemnizaciones y premios, pero sin establecer un límite de edad. Esto provocó que la mayoría de las salidas fueran de personal jerárquico y calificado con la edad de jubilarse ya cumplida o cerca de hacerlo. De esa manera, los recursos destinados al plan se esfumaron sin alcanzar el número de salidas previsto y obligó al directorio a poner en stand by el plan hasta recibir recursos nuevos.
Al mismo tiempo, la salida de estos cuadros técnico implicó el vaciamiento de áreas clave del Correo, entre ellas las que están vinculadas a la logística y a la actividad electoral, lo que disparó la preocupación en jueces federales y en la propia Cámara Nacional Electoral. Para llevar tranquilidad a esos juzgados, el Gobierno resolvió incorporar a Alejandro Tullio y entregarle todas las funciones relativas a la organización de las elecciones.
Tullio deberá articular el operativo con la Dirección Nacional Electoral, un organismo que él mismo condujo durante 15 años. Curiosidades de la administración pública: la DINE hoy depende del vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, que fue llevado por Guillermo Francos al ahora exministerio y, en simultáneo, integra el directorio del Correo.
EL PLAN DE JAVIER MILEI
Fruto del impacto del plan de ajuste, Baldini se lanzó a un raid mediático, en el que por supuesto obvia el dato de que ingresó a la empresa de la mano del peronismo, para intentar justificar el achique con el argumento de una modernización de una estructura sobredimensionada y la muletilla de moda en el mundo libertario: cuidar los recursos públicos.
Bajo la premisa de que "los ciudadanos se van a ahorrar recursos" con la reducción de la compañía, la gestión de Baldini apunta a liquidar la presencia de las oficinas de Correo todo lo que sea posible. El plan oficial proyecta cerrar unas 400 sucursales de las 1.450 que tiene en todo el país, un movimiento que ya provocó presentaciones judiciales en tres provincias.
Simultáneamente al cierre de sucursales y a los despidos, se abrirían unos 5.000 "Punto Correo", una especie de stand oficial dentro de comercios privados, donde se podrían realizar trámites postales o comerciales que hoy ofrece la empresa. Allí también se absorberían la función del pago de prestaciones sociales o jubilaciones de las sucursales que lo continúan brindado pero, al mismo tiempo, deja abierto varios interrogantes que enfrentan al plan con el fantasma del sensacionalismo.
¿Cómo se definirán los comercios en los que se van a instalar las ventanillas operativas? ¿Se pagará un canon por la instalación de las ventanillas? ¿De quién dependerán quienes operen estos puestos de atención? ¿Cuál será la autoridad que certifique los trámites oficiales que sólo puede realizar un oficial del Correo? Demasiadas preguntas para un plan opaco.
Fuente: LetraP