La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner suspendió sus previstas vacaciones en el exterior porque, según consignó en un escrito judicial, Argentina atraviesa una crisis institucional por la cual "las garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas".
El abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, presentó ayer en los tribunales de Retiro un escrito con el que informó que su defendida se quedará en el país y no emprenderá el viaje a Croacia que tenía previsto hacer junto a su hija Florencia.
La ex presidente había informado a los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini, que la investigan en distintas causas, que estaría fuera del país entre el 14 y el 24 febrero, pero ayer los notificó sobre el cambio de planes.
"Vengo a manifestar que he tomado la decisión de no viajar –pese a tener el derecho a hacerlo– y quedarme en el país", sostuvo la ex presidente a través de un escrito de dos páginas que fue presentado por su abogado.
Fernández de Kirchner sostuvo que tomó la decisión por "los gravísimos hechos que son de público y notorio conocimiento, inéditos en el período de la democracia argentina que se iniciara en 1983, los cuales son protagonizados por quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, por las obligaciones funcionales que la misma les impone".
La ex presidente sostuvo que en la actualidad la Argentina atraviesa una crisis institucional y criticó al gobierno de Mauricio Macri, aunque no mencionó al mandatario a lo largo del escrito.
"El haber sido presidenta constitucional durante dos mandatos consecutivos, con el honor de ser la mandataria más votada –después de Juan Domingo Perón– y haber presidido el país durante el período de mayores libertades de las que se tenga memoria en democracia hacen que haya tomado esa decisión", sostuvo.
"Cuando las libertades, derechos y garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas, es necesario actuar con el mayor grado de responsabilidad política y personal", agregó.
"Aquellos que pretenden instalar el control social a través del miedo y la intimidación puede ser que lo logren por un tiempo. Sin embargo, la historia de la humanidad en general y de los argentinos en particular ha demostrado que el miedo es un arma de doble filo que termina cayendo, inexorablemente, sobre aquellos que la empuñan", concluyó.
ELEVACION A JUICIO
Por otro lado, ayer se supo que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que la ex presidente vaya a juicio oral y público por administración fraudulenta a raíz de la venta de contratos de dólar a futuro durante su Gobierno.
El pedido lo hizo ante el juez federal Claudio Bonadio, quien ya en diciembre pasado había considerado que la investigación estaba completa, y en él también reclamó que otra veintena de ex funcionarios sean juzgados, entre ellos el ex ministro de Economía Axel Kicilllof y el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.
Según la investigación, al poner a la venta el dólar un precio inferior al que estaba fijado por el mercado, se generó una pérdida al Estado Nacional por 56 millones de pesos.
Ahora, Bonadio deberá correrle traslado a las defensas para que opinen si la causa está para ir a juicio o bien piden alguna medida de prueba que no se haya hecho.
No obstante, la ex presidenta y Kicillof ambos renunciaron a apelar sus procesamientos en instancias superiores porque -según argumentan- quieren ir a juicio cuanto antes para demostrar su inocencia.
Cristina de Kirchner en juicio se expone a un delito, administración infiel en perjuicio de la administración pública, que prevé una pena de al menos seis años de prisión.
Según el expediente, a raíz de la venta de dólar por contratos a futuro se generó un perjuicio de 56 mil millones de pesos.
El pedido de Taiano fue luego que el 14 de diciembre pasado el juez Bonadio decretó la clausura de la investigación, al considerar que no había más pruebas para realizar, y comenzó los pasos previos para finalmente elevar el caso a un Tribunal Oral.