El 9 de noviembre del año pasado, el fiscal general Héctor Iturrioz solicitó a la juez Gladys Olavarría que formalizara la apertura de investigación preparatoria contra el subcomisario Waldemar Ferreira, bajo la figura de probable autor del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con privación abusiva de la libertad.
La causa tiene que ver con el escándalo que se desató en agosto de 2014 por la presunta protección que le brindaría Ferreira a Mario Rolando Chini, un delincuente del barrio 30 de Octubre que cumplió condena por homicidio y acumuló nuevas causas por delitos contra la propiedad y amenazas, entre otras.
La juez Olavarría finalmente formalizó la apertura de investigación con la calificación que solicitó el fiscal y fijó un plazo de 3 meses para presentar la acusación pública, algo que debió haber ocurrido el 9 de febrero de este año.
Al cabo de un mes de haberse computado el vencimiento, la defensa del subcomisario solicitó el sobreseimiento y enterado de ello, el representante del Ministerio Fiscal presentó la acusación. A todo esto ya habían pasado 4 meses y 25 días de haberse formalizado la causa, es decir casi 2 meses después del vencido el plazo otorgado de investigación.
En audiencia pública celebrada el miércoles en la Oficina Judicial, la juez Olavarría resolvió hacer lugar al sobreseimiento de Ferreira por vencimiento del plazo de investigación, lo que no comparte el fiscal Iturrioz, quien defendió el texto del artículo 282 del Código Procesal Penal, donde se fija como máximo el plazo de 6 meses de investigación. Desde su punto de vista, entonces, ese plazo no se venció.
HAY JURISPRUDENCIA
Al ser consultado por El Patagónico, el acusador público aseguró que recurrirá el fallo y sostuvo que existen cuatro antecedentes con sentencia firme que avalan su postura, por lo que está convencido de que un tribunal de alzada revocará el sobreseimiento que acaba de dictarse.
Un dato para tener en cuenta es que el delito por el cual fue acusado el subcomisario Ferreira tiene pena de prisión efectiva y en la acusación presentada se fijó en 3 años y 10 meses la pretensión punitiva; es decir que si hubiera sido condenado por un tribunal y la sentencia adquiriese firmeza, la misma debería ser cumplida en un centro de detención.
Por lo pronto, el fiscal Iturrioz cuanta con 10 días para impugnar el fallo con el que intentará revertir la situación.
Los hechos por los cuales será investigado el jefe policial ocurrieron el 3 y el 8 de agosto de 2014, luego de que Chini fuera denunciado por golpear a tres mujeres, a dos de las cuales les saqueó el departamento "A" del edificio 78 del barrio 30 de Octubre para luego usurparlo.
El individuo permaneció prófugo cinco días y fue imputado por el juez Miguel Caviglia por los delitos de robo agravado con el uso de arma de fuego, lesiones y amenazas. En esa audiencia judicial recibió arresto domiciliario y a las cuatro horas llamó a una de las víctimas para amenazarla nuevamente. Cuando la policía fue a verificar si se encontraba en el domicilio del barrio Pietrobelli donde tenía que cumplir la medida de prisión domiciliaria, ya no estaba, por lo que se ordenó su inmediata captura.
En forma paralela se avanzó en la investigación por presunta protección y connivencia que le habría brindado a Chini el ex segundo jefe de la Seccional Quinta. Las denuncias de las víctimas; los dichos del propio Chini y la investigación fiscal centran las sospechas contra el subcomisario que no dio intervención en tiempo y forma sobre el robo al Ministerio Público.
La gravedad de la situación llevó a la Fiscalía a actuar de oficio y hasta allanar la comisaría del barrio Isidro Quiroga.
A todo esto, el jefe de la dependencia puso a disposición de los fiscales el registro de las cámaras de seguridad de la comisaría y así se observó cuando Ferreira trasladaba a Chini en la noche del robo hasta la dependencia utilizando una puerta trasera, pero no en calidad de detenido. Luego, Chini regresó a su casa en un remis.
Esa sería una de las evidencias que obran en poder de la Fiscalía, que formalizó la investigación luego de un año y tres meses.