Se trata del Juan Manuel Mocoroa, quien reside actualmente en Córdoba y fuera director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa de la Nación y brazo derecho del exministro de esa cartera, Oscar Aguad.
Está citado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia como testigo presencial para el jueves 23 de septiembre y de acuerdo a lo que se citó en un informe de la agencia de noticias Telam, la jueza Marta Yáñez le habría ofrecido protección de la Policía Federal Argentina para que lo escolte desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia hasta la ciudad santacruceña.
Esto último resulta extraño porque no hay un solo antecedente de que alguno de los cientos de testigos que se presentaron en este juzgado desde principios de 2018 hayan sido objeto de amenazas o de incidentes por parte de terceros que pudieran hacer peligrar su integridad física.
Además, se sabe que debido a las medidas preventivas al COVID 19, aún persiste una disposición de la Corte Suprema de la Nación, la cual les permite a testigos de alguna causa que residen en zonas alejadas a la sede judicial que los convoca, poder declarar a través de la plataforma Zoom y no se descarta que Mocoroa solicite este sistema.
Con este testimonio, la jueza Yáñez buscaría conocer su responsabilidad y la de Aguad en supuestas irregularidades por la contratación de la empresa Ocean Infinity para la búsqueda de submarino ARA San Juan que despareció el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes y fue hallado un año después frente a las costas de Comodoro Rivadavia.
Si bien la magistrada tuvo que proseguir con las investigaciones relacionadas con el hundimiento de la nave por pedido de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al hacer lugar a una demanda de la querella mayoritaria que representa a familiares de las víctimas, el testimonio que pueda aportar Mocoroa no está vinculado directamente a las causas de la tragedia.
Para otro abogado querellante, Luis Tagliapietra, esta instancia presume otra dilatación del eje central de las investigaciones ya que considera que la jueza debería dar prioridad a ordenar el peritaje del block de fotografías y filmaciones que se hicieron de los restos del submarino hundido a más de 900 metros, lo cual podría determinar a las causas del siniestro y de esta manera determinar responsabilidades precisas.