El Año Nuevo promete traer una catarata de denuncias penales contra los protagonistas de los chats que sacuden al mundo político: el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Mientras crecen los pedidos de renuncia contra el titular del máximo tribunal, es factible que se presente un pedido para que Rosatti no intervenga en la causa por la disputa por los fondos coparticipables entre la Ciudad y la Nación. D’Alessandro, por el momento, cuenta con el aval de Horacio Rodríguez Larreta y se aferra a su silla en el Gabinete porteño.
El jueves pasado apareció una nueva filtración del teléfono de D’Alessandro. En esta oportunidad se publicaron intercambios que habría mantenido con Robles, que no solo es el director general de la vocalía de Rosatti sino que actúa como su sombra. Los mensajes que se conocieron se refieren tanto a la disputa por la coparticipación como a la pelea por una banca en el Consejo de la Magistratura.
D’Alessandro salió a decir que no veía por qué debería renunciar después de cosechar su segundo escándalo en menos de un mes mientras que en la Corte guardaron silencio. No hubo respuesta a las consultas sobre la difusión de los mensajes. La explicación del ministro porteño oscila entre dos polos: por un lado, dice que fue víctima de un hackeo –lo que daría verosimilitud a los chats– y, por otro lado, sostiene que los intercambios fueron editados o adulterados.
ROSATTI EN EL CENTRO
El Frente de Todos –a través de los bloques de diputados y senadores– anunció que promoverá denuncias penales contra los involucrados. “Estamos evaluando una denuncia penal contra D’Alessandro, Robles y Rosatti”, dijo la senadora Juliana Di Tullio en una entrevista en El Destape Radio. Tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja dijeron a este diario que las presentaciones se podrían hacer a partir del lunes, pese a que ya los tribunales trabajarán con una dotación mínima por la feria de enero.
En paralelo fueron varias las voces de los gobernadores que reclamaron que se someta a juicio político al presidente de la Corte. Una de ellas fue la del gobernador de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich. “Nosotros vamos a impulsar el juicio político”, sostuvo. “No puede ser que Rosatti siga en la Corte”, había dicho horas antes Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero. “No puede seguir hasta que esto se resuelva. No sé si la palabra es obsceno o pornográfico: es un escándalo sin precedentes”, añadió. Desde La Rioja, Ricardo Quintela tuiteó: “¿Qué más hace falta para que renuncie Rosatti? El pueblo y la patria reclaman que se vaya, no merecen tener un presidente de la Corte Suprema de Justicia que atente contra el bienestar social”.
Si bien el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fue uno de los temas que el presidente Alberto Fernández discutió la semana pasada tanto con gobernadores como con organismos de derechos humanos, no hubo una señal del Ejecutivo en ese sentido. De presentarse un pedido de juicio político contra algún integrante del máximo tribunal, se requieren dos tercios para la remoción. Son números que el Frente de Todos no tiene. De hecho, quedaron frenados por menos proyectos de ley que hacen al funcionamiento del sistema de justicia, como las reformas judicial, del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la propia Corte Suprema.
Frente a ese panorama, la pregunta que se hacen en los círculos del Frente de Todos es si Rosatti puede seguir interviniendo en las causas de la Coparticipación y del Consejo de la Magistratura.
Fuente: Página 12