Miguel Osvaldo Etchecolatz anotó como contacto a Victoria Villarruel en el cuaderno en el que preparaba su defensa antes de afrontar el primer juicio en el que debió sentarse en el banquillo después de la reapertura de los procesos contra los genocidas en 2006.
La información –dada a conocer por la abogada querellante Guadalupe Godoy– refuerza la denuncia sobre los vínculos con los represores de la última dictadura de la candidata a vice de Javier Milei.
Antes de afrontar el juicio, Etchecolatz diseñó su estrategia defensiva. Entre las tareas que registró estaba el contacto con Villarruel y con Cecilia Pando, conocida por su defensa de los acusados por crímenes de lesa humanidad, y quién defendió el robo de bebés por parte de la dictadura.
El nombre y el teléfono de Villarruel aparece junto con la sigla COFA, que es el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Durante los primeros años de este siglo, las organizaciones pro-impunidad tenían una mesa de articulación que se reunía en el COFA.
Villarruel también aparece como una de las personas que visitaba a Norberto Cozzani en la cárcel. El “Beto” Cozzani era la mano derecha de Etchecolatz, su guardaespaldas. En el libro de visitas del penal de Marcos Paz, Villarruel aparece consignada después de Pando.
La información –difundida por Godoy, referente en los juicios de lesa humanidad de La Plata– es parte de la documentación que se secuestró en un allanamiento que se llevó adelante en el penal de Marcos Paz después de la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida un día antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenara a Etchecolatz a prisión perpetua.
En ese momento, se supo que había un estándar distinto para las visitas a los presos por lesa humanidad en el Servicio Penitenciario Federal: podían entrar con celulares, no hacían la misma fila que los detenidos comunes e incluso había anomalías en los registros.
Mucho de esto surgió en un allanamiento secreto que llevó adelante en Marcos Paz la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comandada por Marcelo Sain.
Después de la desaparición de López, referentes de organismos de derechos humanos pidieron que se investigara a los grupos que se organizaban para perpetuar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
En 2006 fue especialmente activa la presencia de los sectores que se llamaban de "memoria completa" contra el avance de los juicios. Por ejemplo, organizaban marchas nutridas en la Plaza San Martín mientras acudían a los juicios o se presentaban en las cárceles para coordinar la defensa con los genocidas presos.
Fuente: Página 12