La oposición tiene pensado abstenerse

Si bien la mayoría de los concejales radicales habría decidido abstenerse hoy a la hora de votar el primer punto enviado por el Poder Ejecutivo, la duda planteada por uno de los opositores era que «se analice la posibilidad de acompañar al menos la adjudicación».
Edgardo Giménez, uno de los que más habló en la previa del transporte, indicó que el justicialismo «va a aprobar el artículo primero pero se rechazará en su totalidad la posibilidad de aprobar el proyecto de convenio que llegó desde el Poder Ejecutivo».
Además, para Giménez el hecho de aprobar la resolución «no significa nada porque la misma ya fue aprobada en su momento».
Sin embargo, «la novedad ahora tiene que ver con la posibilidad de que el municipio se haga cargo del aumento de 280 pesos mensuales desde octubre que vienen reclamando los 300 empleados del transporte local, cuando en realidad es una decisión que le costará al Estado más de tres millones de pesos que no están en el presupuesto».
«Acá la máxima autoridad política de la ciudad (por el intendente Raúl Simoncini) se debería haber sentado con las empresas a discutir punto por punto y en realidad se optó por mandarlo al Concejo Deliberante cuando la función del Poder Legislativo se debe limitar a redactar el contenido del pliego licitatorio».
Más adelante, Giménez agregó que «hoy estamos hablando de un nuevo costo económico, solo por la inoperancia del intendente ya que si el convenio se hubiese firmado en su momento todos estos temas se estarían discutiendo en el marco que regula el convenio y sería la empresa la que debería dar respuestas a los trabajadores».
En este contexto, «hoy el municipio se está haciendo cargo de un reclamo gremial que no es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero como las cosas se hicieron mal hoy están apelando a la billetera que, en definitiva, es del pueblo».
A su turno, Laura Barros insistió en que «nosotros (por la UCR) seguimos manifestando que el proceso licitatorio es muy complejo en lo administrativo, que los tiempos han sido exigidos de una forma muy particular y que la aprobación de la resolución final, lamentablemente, no está llegando a un buen término».
«Digo esto —añadió— porque no se ha enviado un contrato firmado, el cual nosotros deberíamos estar refrendando con nuestros votos».
A la empresa «ya se le adjudicó el servicio, la misma ya fue notificada y lo que nosotros necesitamos ahora tiene que ver con las consideraciones precedentes que aportaron la comisión de adjudicación y el Tribunal de Cuentas municipal. De allí se debería haber ajustado el contrato definitivo y el mismo ya tendría que estar firmado por ambas partes».
En ese contexto, el intendente Simoncini «se atreve a decir que nosotros estamos enredados y que las acusaciones son desmedidas cuando en realidad no es así porque el poder concedente es el Ejecutivo y Raúl Simoncini fue quien ganó las elecciones y debería hacer lo que corresponde por Carta Orgánica».
«No tengo dudas de que el reclamo de los trabajadores está instalado en un escenario equivocado porque si bien nosotros como concejales los acompañamos en su situación de inestabilidad legítima, ellos saben que primero hay que firmar el contrato y luego ver cómo se soluciona su demanda», agregó la edil radical.
Por último, Barros señaló que «es una vergüenza, por ejemplo, que el municipio no le haya cobrado ninguna multa a la empresa cuando los usuarios se quedaron sin servicio, como así también creo que faltó un asesoramiento externo en el Ejecutivo, tal cual viene sucediendo en el bloque justicialista del Concejo Deliberante».