En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se efectivizó el jueves la audiencia obligatoria de control de la prisión preventiva por el homicidio ocurrido el 20 de enero de 2017 en una tienda del barrio Moure, que tiene como condenados a Enzo Uranga y Lautaro Hernández, y como víctima a Jhon José Blas Gutiérrez. La representante de fiscalía solicitó que se mantenga la medida de coerción que pesa sobre ambos condenados hasta que la sentencia quede firme. Mientras, los defensores consintieron la medida.
La audiencia de control obligatoria, que se realiza cada seis meses hasta que la sentencia quede firme, fue presidida por las juezas penales Daniela Arcuri y Raquel Tassello. Por el Ministerio Público Fiscal asistió la funcionaria María Inés Bartels. Mientras, la defensa de Uranga la ejerció la abogada pública María de los Ángeles Garro y por la de Hernández actuó Guillermo Iglesias, abogado particular.
En un primer momento la funcionaria de fiscalía requirió que se mantenga la medida de prisión que cumplen ambos desde el 9 de octubre de 2017, cuando un tribunal colegiado condenó a Uranga a la pena de 17 años de prisión por el delito de “homicidio en ocasión de robo” y a Hernández por el mismo hecho y calificación, a la pena de 16 años de prisión.
Recordó que luego, el 14 de diciembre de 2017 se realizó la audiencia de impugnación interpuesta por las defensas ante la Cámara Penal local, órgano que rechazó las impugnaciones, manteniendo las condenas y la prisión preventiva de ambos, con lo cual se da el doble conforme. En estos momentos la causa se encuentra en consulta ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, desde el 9 de mayo de este año.
Por todo ello, la funcionaria de fiscalía argumentó la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlos como coautores del delito, con una pena alta y el riesgo de fuga que ello conlleva. Para que se pueda aplicar la justicia y evitar una fuga, solicitó que se mantenga la prisión preventiva sobre Uranga y Hernández hasta tanto quede firme la condena.
Mientras, el defensor de Hernández recordó que ya se celebró, hace 6 meses, una audiencia similar a la actual y él no se opuso al mantenimiento de la medida de coerción. Entendió que la causa tenía su curso natural ante el Superior Tribunal de Justicia. Desde ese tiempo a la fecha la realidad no ha cambiado, aseguró el defensor. Sin que esto implique un renunciamiento a ningún derecho, consintió el mantenimiento de la medida de prisión.
La defensa de Uranga recordó que su asistido se encuentra detenido desde el 20 de enero de 2017 y fue condenado a la pena de 17 años de prisión. Luego la condena fue ratificada por la Cámara Penal y en atención al monto de pena fue elevada en consulta ante el Superior Tribunal. Por ello la defensora también consintió el mantenimiento de la medida de coerción de Uranga, hasta tanto quede firme la sentencia.
A partir de que no existieron controversias entre las partes, el tribunal resolvió por unanimidad mantener la prisión preventiva que pesa sobre Uranga y Hernández, sobre la base de los elementos de convicción existentes para tenerlos como probables coautores del crimen, por la existencia del peligro de fuga, por la gravedad del hecho y la pena en espera; también a los fines de la aplicación de la Ley penal.
Las juezas determinaron así mantener la prisión preventiva de ambos por seis meses o hasta que la sentencia quede firme.