El gobierno de Javier Milei, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, reestructuró el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, incorporándolos como unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Mediante el Decreto 344/2025, publicado este jueves y firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se dispuso la integración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA (ex Escuela de Mecánica de la Armada) al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Esta decisión implica la transformación de ambos organismos, que anteriormente dependían directamente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en unidades organizativas dentro del CIPDH. Según los considerandos del decreto, el objetivo principal de esta reestructuración es "promover una gestión más eficiente y coordinada en la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos".
El artículo 1 del decreto establece explícitamente "la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de Sitio ESMA -Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-, ambos organismos desconcentrados de la Secretaría de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH)".
En consecuencia, el CIPDH asumirá las funciones y objetivos que previamente correspondían al Archivo Nacional de la Memoria y al Museo Sitio de Memoria ESMA. Estas funciones incluyen "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones".
Esta medida se suma a la decisión del gobierno de reducir en un 40% la estructura de la Secretaría de Derechos Humanos y a la preparación de despidos que afectarían a un tercio de sus trabajadores, generando preocupación en organizaciones de derechos humanos y sectores políticos sobre el futuro de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en el país.