La medida, que venía siendo anticipada, reestructura profundamente el esquema de control y mantenimiento de las rutas nacionales, transfiriendo sus responsabilidades al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional.
El decreto, que lleva la firma de Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad), también elimina la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Estos cambios buscan, según el Gobierno, poner fin a la "corrupción en la obra pública" y generar un ahorro significativo para el Estado.
Con la disolución de Vialidad Nacional, sus 5.184 agentes y 24 distritos viales se verán afectados por una reestructuración. Las funciones relacionadas con el diseño y planificación de la infraestructura vial serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía.
Por otro lado, el control de las concesiones viales pasará a una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que surge de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que esta nueva agencia será clave en la fiscalización de las concesiones y que se avanzará en la licitación de 9.120 kilómetros de rutas.
Un cambio significativo en materia de seguridad es que la Gendarmería Nacional asumirá las tareas de prevención y control del tránsito en rutas nacionales, roles que antes recaían en la ANSV, ahora eliminada. Las funciones de seguridad vial que cumplía la Agencia serán absorbidas por la Secretaría de Transporte.
El Gobierno justificó estas medidas vinculándolas directamente con la "Causa Vialidad", donde se investigaron "maniobras fraudulentas" en la adjudicación de contratos públicos. Adorni sostuvo que con esta disolución se firma el "acta de defunción" de la corrupción en la obra pública, denunciando que "no se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual".
Desde el Gobierno, se ha estimado que la disolución de Vialidad Nacional generará un ahorro anual de 100 millones de dólares para el Estado. Se argumenta que la "dotación elevada" y la "configuración jerárquica extensiva" de los organismos anteriores dificultaban la toma de decisiones y generaban altos costos operativos.
Este anuncio se produce justo al filo del vencimiento de las facultades delegadas que el Congreso había otorgado al presidente a través de la Ley Bases, permitiéndole impulsar estas reformas por decreto.