Diversos gremios y centrales obreras anunciaron de inmediato medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones, en rechazo a lo que califican como un proceso de "proscripción judicial".
La noticia, que se difundió en la noche del 10 de junio, puso en alerta a varias organizaciones. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital fue una de las primeras en pronunciarse, declarando un paro y movilización. "El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello. Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia", expresaron en un comunicado. El dirigente de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, participó en reuniones con otros líderes gremiales, incluyendo un encuentro en el Partido Justicialista al que asistió la expresidenta.
Por su parte, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, emitieron un documento conjunto titulado "Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia". Los líderes de ambas centrales, Hugo Yasky y Hugo "Cachorro" Godoy, calificaron el fallo de la Corte como un "operativo judicial" y una "vendetta política" que busca condicionar la voluntad popular. Acusaron al máximo tribunal de actuar como "brazo ejecutor de los poderes fácticos" y aseguraron que "la sentencia contra CFK estaba escrita antes de que comenzara el juicio".
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a más de treinta sindicatos del sector, también expresó su "repudio" al fallo. Liderada por Juan Carlos Schmid, la CATT se manifestó "en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK". El comunicado de la CATT denunció una "creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política", especialmente en períodos electorales, y comparó la situación con el caso de Lula da Silva en Brasil. "No tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas", sentenciaron, reiterando su solidaridad con la expresidenta.
El anuncio de estas medidas de fuerza se da en un contexto de creciente tensión entre el sindicalismo y el gobierno, que ha sido criticado por una supuesta falta de diálogo. Andrés Rodríguez, titular de UPCN, se refirió a un "conflicto continuo" debido a la "actitud tan cerrada" del Ejecutivo nacional.
Mientras tanto, desde el Instituto Patria no se descartan que otras organizaciones afines al kirchnerismo puedan sumarse a las protestas, anticipando un capítulo más en la disputa entre el movimiento obrero y el poder judicial en Argentina.