Caleta Olivia (agencia)
Si bien estaban previstas las declaraciones de más de 60 testigos, solo bastó conocer el testimonio del más importante de ellos, el intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimó, para que la Fiscalía, asumida por Carlos Rearte planteara la absolución de los cuatro imputados, instancia que lógicamente fue aceptada por el defensor Enrique Papa. Ello incidió en la decisión de los jueces Juan Pablo Olivera, Humberto Monelos y Connie Naves a la hora de fijar el veredicto.
Previo al inicio de la audiencia Víctor De Gennaro (Frente Popular), junto a varios centenares de trabajadores, entre ellos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y una ínfima cantidad de ADOSAC, marcharon desde la plazoleta del Monumento al Obrero Petrolero hasta la Cámara del Crimen.
El gremio docente había dispuesto un paro de 24 horas que fue acatado por un elevado porcentaje de afiliados, que no se reflejó en la cantidad de manifestantes de ese sector que se plegaron a la movilización.
Durante las pocas horas que duró el juicio, se apostaron en el acceso al edificio judicial y mediante cánticos, despliegue de banderas, pancartas y sonidos de redoblantes exigieron la absolución de los imputados.
Los cuatro dirigentes estaban acusados del delito de coacción agravada por una protesta que habían protagonizado en junio de 2005 en Pico Truncado, seguida de una supuesta amenaza de muerte al jefe comunal Maimó.
En primer lugar fueron llamados a responder sobre circunstancias personales Garzón y Peralta, quienes dieron una detallada descripción de los sucesos acontecidos en la noche y madrugada de los días 20 y 21 de junio de 2005. No así los imputados Paillahuala y Seguel, quienes solo se limitaron a responder preguntas sobre su situación de vida actual.
"UN AMIGO DE TODA LA VIDA"
Luego de un breve cuarto intermedio, fue llamado a declarar el intendente Osvaldo Maimó quien recordó vagamente los hechos ocurridos hace 10 años, aunque ratificó la denuncia que realizó en su momento.
No obstante, sostuvo que conocía a Paillahuala porque "es un amigo de toda la vida", pero que él había sido quien lo amenazó de muerte, aunque entendía el estado de enojo en el que se encontraba por estar reclamando un aumento salarial.
En ese punto precisó que "ellos me hicieron firmar la resolución de acuerdo bajo la amenaza de que me iban a matar. Textualmente Paillahuala me dijo que me iba a 'cagar matando' y radiqué la denuncia porque temí por mí y mi familia".
Apuntó que "esa situación venía de 45 días de conflicto y después vimos que cambió completamente porque no tuve problemas con ninguna de esas personas".
EL CASO
Todo ello sucedió entre la tarde del domingo 20 de junio y la madrugada del lunes 21, cuando a través de la radio "El Kaykeño" daban cuenta que el entonces gobernador, Sergio Acevedo, se encontraba en el interior del edificio de Obras Públicas de Pico Truncado junto al intendente Maimó.
Este último, acompañado por otros funcionarios municipales, debió permanecer allí durante un lapso aproximado de 12 horas ya que los manifestantes le impedían salir.
"Desde el municipio no estábamos en condiciones de firmar el acta y esa noche estábamos buscando cómo buscarle la vuelta a esa situación, con constantes comunicaciones con el gobierno provincial", sostuvo Maimó.
Luego de escucharlo, la Fiscalía evaluó que "no existen elementos suficientes para continuar. Por eso, si la defensa lo considera pido una finalización del ejercicio de la acción".
"El principal testigo ratificó la posición que brindó al inicio de la causa -acotó- y solo identificó a Paillahuala. Dijo que la situación de amenaza se dio en el contexto de reclamo salarial en el que todos estaban encuadrados en estado de nerviosismo y ello puede haber provocado que trasvasaran límites normales".
A su vez, dijo que quedó evidenciado que "la situación actual es totalmente distinta a la de hace 10 años. No creo que 'el amigo de toda la vida' como él (Maimó) refirió, haya querido cometer lo que dijo".
Finalmente, y tras el aplauso de todos los presentes, el tribunal hizo lugar al pedido de la Fiscalía y luego de firmar las actas correspondientes se informó que en cinco días hábiles se dará a conocer la sentencia que, según adelantaron, ratificara esa postura.