El fiscal Juan Carlos Caperochipi identificó al agente Simón Cruz como el responsable de haber efectuado el disparo mortal a Lautaro Labbe (16) el martes 18 de abril. El Ministerio Público Fiscal (MPF) le endilga “homicidio doblemente agravado”, por su condición de funcionario público y porque disparo a matar. De hecho, actualmente es el único policía que permanece preso por el hecho, a partir de la decisión del juez Miguel Caviglia.
Además, el MPF solicitó imputar por “encubrimiento agravado” a los agentes Lautaro Valenzuela y Marcelo Ortiz, y al cabo Raúl Colque, mientras la querella, representada por las defensoras oficiales Lucía Pettinari y Luciana Risso, reclamó imputar también a la oficial de servicio de la Seccional Séptima, quien no estuvo presente en la audiencia del viernes.
“Lo que nosotros consideramos es que la actividad de ella no puede ser dejada de lado porque entendemos que ella comete varios delitos en su actividad; de encubrimiento; de omitir denunciar un delito y también de falsedad ideológica y abuso de funciones” describió este miércoles la defensora oficial Luciana Risso a El Patagónico.
Es que según entiende, la oficial de servicio en el momento del hecho “tenía la jerarquía máxima dentro de la comisaría y es la que imparte las órdenes de cómo actuar una vez una vez que toma conocimiento del hecho”.
La funcionaria policial, de acuerdo a Risso, fue la que “suscribe el acta policial, junto a Cruz y Ortiz, y dan una falsa versión de lo que había sucedido”, lo que ocasionó “el retraso en la investigación. En el momento del hecho da intervención a Criminalística que depende de la Policía y cuando hay un delito perpetrado por un funcionario público el protocolo es distinto”.
Desde la querella sostienen que la actividad de la oficial esa fatídica madrugada “es de gravedad y que debe ser investigada por la condición de distintos delitos”, apuntando que tanto testigos como “los restantes policías también la identifican en el lugar. Ella es la que habla con Fiscalía, Criminalística; estuvo posterior al momento del disparo”.
EL CRIMEN DE LAUTARO
Lautaro Labbe tenía 16 años cuando falleció. En la madrugada del martes 18 de abril le dispararon en la cabeza y agonizó ocho días. La versión oficial, inmediatamente posterior, daba cuenta de que la Policía actuó en defensa propia porque la víctima estaba armada. Pero luego quedó claro que se trató de un homicidio.
Según el relato del Ministerio Público Fiscal, esa madrugada los policías de la Seccional Séptima habían acudido al lugar –calle 12 de Octubre y pasaje Las Rosas- por el llamado de un ciudadano que denunciaba la presencia de tres jóvenes dañando vehículos en la vía pública.
Al llegar al sitio, los policías ahora imputados comenzaron a perseguir a Lautaro Labbe y a otro adolescente que pudo esconderse a tiempo al ingresar al pasaje. Se estableció que los policías que iban detrás de ambos fueron Cruz, Valenzuela y Colque.
Caperochipi pidió imputar a Cruz por “homicidio doblemente agravado por abuso de su función o cargo, y por ser cometido con arma de fuego”, mientras a los otros tres policías se los acusa de “falsedad ideológica, agravada por ser funcionarios públicos”, ya que quisieron disimular el crimen como si se hubiera tratado de un enfrentamiento armado.
En este contexto, está claro que Lautaro estaba “desprovisto de arma de todo tipo” y que “el agente Cruz, empuñando innecesariamente el arma reglamentaria, a sabiendas de que se excedía en su función policial, y con intenciones de darle muerte, efectuó el disparo hacia la parte alta” de la humanidad del adolescente.