Cómo vivieron los procesados la previa a los allanamientos

En los días previos a que actuara la Justicia federal por el robo de vacunas el personal de la obra social de Camioneros realizó una "reunión de urgencia". Habían creado un grupo de WhatsApp para chequear el estado de los vacunados.

“Si uno pone una mesa con mil Sputnik en el medio de la calle, ¿cuantas personas van a querer vacunarse? Miles. Bueno, algunos tenemos esa suerte; otros no”. Esa fue la justificación que ensayó Nazarena Borau, directora de la obra social de Camioneros, para explicarle a una médica que en la entidad que tiene como referente al exdiputado nacional Jorge Taboada se estaba llevando un proceso de vacunación contra el Coronavirus.

Por entonces la denuncia por el robo de dosis del Hospital Regional era una realidad y se esperaba que la Policía del Chubut comenzara los allanamientos.

En los fundamentos del fallo que emitió el viernes pasado la jueza federal Eva Parcio se detalla que las enfermeras Analía Muñoz y Gabriela Torres trabajaron en conjunto para robar vacunas y llevarlas a la obra social de Camioneros. Ello ocurrió después de una “negociación” con el dirigente gremial Marcos Paura, donde se habría pactado el pago de 15 mil pesos para cada una de las trabajadoras de la Salud.

Según la investigación que terminó con 24 procesados y embargos millonarios, las dosis sirvieron para que se inmunice a Elías Guzmán (secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Comodoro Rivadavia), Diana Romina Cárcamo, Eduardo José Díaz Narváez, Noelia Elisa Maure, Marisa Victoria Torres, Darío Esteban Guzmán, Cecilia Noemí Alvarado, Laura Beatriz Cárcamo, Marcos Eugenio Paura, Valeria Iemme Khoury, Valeria Analía Mansilla, Miguel Gastón Santana, Silvana Alejandra Taboada, Pablo Gabriel Mansilla, Vilma Nazarena Borau, Jessica Grisel Modinger, Gisel Andrea Ampuero, Cynthia Patricia Hernández, Silvio Gabriel Borau y Jorge Omar Taboada. Todos ellos son empleados y dirigentes del Sindicato de Camioneros.

“¿QUIEN DIJO LO DE LA VACUNA?”

La confirmación de que en la obra social de Camioneros se estaba llevando a cabo un proceso de vacunación quedó en evidencia por el grupo de WhatsApp que mantenían los empleados. “Obra social” se llamaba el mismo y allí Borau preguntaba sin ningún tipo de reparo cómo estaban los trabajadores después de ser vacunados.

“Chicos ¿todos bien los que se vacunaron? Avisen por fa así me quedo tranqui! Estaba sin celu”, preguntó en su momento la directora de la obra social.

Pero de a poco la impunidad fue cediendo en intensidad. Es que el rumor de que faltaban vacunas en el Hospital Regional comenzaba a crecer.

“¿Te enteraste quién dijo de la vacuna?”, fue la pregunta que le realizó Gisel Ampuero a Cynthia Hernández. “No, nena. No sé nada”, le respondió la empleada administrativa que con sus dudas sobre si podía tomar alcohol después de ser inmunizada había encendido el alerta entre los que no eran de ese privilegiado grupo.

Era el 28 de enero de 2021 y la posibilidad de que todo saliera a la luz ya era casi un hecho.

REUNION DE URGENCIA

Febrero no fue sinónimo de amor en la obra social de Camioneros. La denuncia del robo de vacunas era un hecho y se buscaba saber quién había “hablado de más”. Es por eso que el 18 de febrero Borau organizó una reunión a puertas cerradas donde participó todo el personal de la entidad, hasta los empleados de seguridad privada.

Después de la reunión, el grupo de WhatsApp comienza a quedarse sin integrantes. La primera en retirarse fue la directora de la obra social. Ya había tomado conocimiento de que la Justicia estaba tras sus pasos.

No fue el único indicio de que ya se sabía de los procedimientos. Borau le manda entonces un mensaje a su mamá para comunicarle que “había perdido su teléfono” y que cuando recuperara el chip, la iba a llamar. Un día después se realizan los allanamientos en la obra social de la calle Alsina y en la sede gremial de Dorrego al 800.

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