Después de la denuncia presentada el martes por la Fiscalía de Estado, a instancias del Ministerio de Salud, contra ocho cirujanos de Chubut -dos de ellos de Comodoro Rivadavia-, a quienes se acusa de realizar operaciones en clínicas privadas en horarios en que debían estar trabajando en los hospitales públicos, se produjo la renuncia masiva de toda la planta de cirujanos del Hospital Regional en "solidaridad" con sus dos compañeros denunciados: Daniel Endrek y Enrique Klingler.
Hasta ayer no había podido concretarse la reunión entre el ministro de Salud, José Manuel Corchuelo Blasco, y los cirujanos renunciantes del Hospital Regional a pesar de que según indicó el funcionario él mismo planteó a nivel interno e incluso públicamente la necesidad del diálogo para que depongan su actitud. Dijo que quiere hablar primero en forma individual, con cada uno de los doce especialistas y luego también en forma conjunta.
En ese contexto, Corchuelo ya había pasado el miércoles cuatro horas reunido con el equipo directivo del Hospital Regional y con la subsecretaria de Planificación de la cartera, Judith Jozami, aunque hasta ayer todavía no se había podido formalizar en encuentro con los médicos que presentaron su renuncia al 30 de setiembre.
Corchuelo reiteró que el Gobierno garantizará la cobertura del servicio y que las estrategias para hacerlo abarcan desde intentar disuadir a los médicos renunciantes hasta reclutar nuevo profesionales en otros puntos del país.
"El doctor (Javier) Cisneros ya está en Córdoba desde ayer (por el miércoles) buscando cirujanos. Vamos tratar de retener a los cirujanos –que creemos que son buenos– y buscaremos todos los aspectos legales del sistema provincial de salud para retenerlos en el sentido persuasivo. El garante de la salud es el Estado provincial, recuerden que la única terapia intensiva pediátrica que hay en la ciudad es la del Regional, esa la mejor significancia de la garantía que hay: cuando todo se cae, el Estado tiene que atender a todo el mundo y como corresponde", expresó.
En cuanto a la situación desencadenada tras la denuncia penal, el ministro cuestionó la "actitud corporativa". Criticó que son "los intereses de ellos puestos delante de los de toda la comunidad".
Además, y dado que la Sociedad de Argentina de Cirugía (SAC) fijó posición en respaldo de los médicos renunciantes, dijo que no conocía aun el texto emitido, pero consideró llamativa la celeridad en expedirse cuando el cuerpo que contiene las ocho denuncias reúne más de mil fojas y pruebas.
"La SAC tiene postura fijada apenas esto comenzó, cada caso tiene cerca de 100 fojas y la SAC ya lo tenía el día que lo presentamos, la verdad que me extraña. Nosotros somos una comunidad que tiene un pacto social, que tiene una Constitución y a ello nos vamos a atener, a las normas, para asegurar el servicio a la gente", sostuvo.
CONFLICTO DE INTERESES
Además, para graficar el lugar desde el que los cirujanos efectúan sus planteos, Corchuelo señaló que la presentación de las renuncias fue acompañada de una nota informando que solo atenderían emergencias, lo que se traduce en una quita en el servicio.
"De forma inmediata se les dijo que no empiecen con el planteo y atiendan como corresponde, mientras rige el preaviso de 30 días tienen deberes y obligaciones", señaló.
También expresó que la situación se desencadenó por haber efectuado la presentación judicial y que la denuncia contiene "pruebas valiosas y verídicas".
Subrayó que mientras se da este proceso, los cirujanos continúan cobrando salarios superiores entre un 60% a un 80% a los de los otros médicos, "porque no he querido tomar las decisión de quitarles ese plus que han logrado por dominio de la situación después de un año de no atender a la gente aunque evidentemente no sirvió, son historias que vienen de siempre".
"Son intereses chicos de grupos que plantean temas personales y nosotros planteamos temas de la comunidad. No tenemos problemas con nadie, acá hay un conflicto de intereses y la justicia lo va a dirimir, y la respuesta fue corporativa al renunciar. Nosotros los respetamos, la gente confía en ellos, no pueden hacerle esto a una comunidad que los ha acogido y se ha bancado los problemas del hospital", consideró Corchuelo.
Mientras Enrique Klingler, uno de los cirujanos denunciados había hablado de persecución política, acoso laboral e incluso había dicho que Corchuelo los trata "mal", el ministro dijo: "no es que los trato mal, estoy en contra de sus intereses, los intereses de algunos van en contra de los que tengo que defender yo. Dijo que la demanda judicial pone en evidencia una problemática hospitalaria que viene desde hace muchos años.
En tal sentido, graficó que mientras los casos investigados en total en la provincia redunda en 400 cirugías efectuadas en dos años distrayendo el horario de dedicación al Estado, de proyectarse a los últimos diez años hacia serían más de 2.500.