Los funcionarios y fiscales del Ministerio Público junto a otros operadores del sistema penal, concretaron 257 audiencias en los últimos meses, según detalla un parte de prensa de ese organismo. Se destacan los cinco homicidios ocurridos en lo que va del mes, de los cuales dos permanecen sin esclarecer.
Dentro de los numerosos actos judiciales sobresalen 19 controles de detención y apertura de la investigación por distintos delitos, 73 audiencias preliminares, 11 debates o juicios orales y públicos, 20 audiencias de incidentes, 3 juicios abreviados y 25 audiencias de ejecución penal, entre otras revisiones de la prisión preventiva.
Según subraya el informe del organismo judicial, "es de mencionar que las audiencias preliminares son la culminación de la acusación fiscal, en la cual se explicitan tanto la prueba testimonial como documental que será llevada a juicio por cada una de las partes -acusador público, fiscal y defensa de imputados-".
Asimismo "en dicha audiencia se realizan convenciones probatorias entre las partes a fin de facilitar la economía procesal, es decir, se dan por incluidos generalmente testimonios de profesionales, por incorporación de informes técnicos que hayan confeccionado los mismos", agrega el parte de prensa.
Con respecto a los cinco homicidios ocurridos durante el último mes del año que se cobraron las vidas de Pablo Olima (34), Jonathan Vera (22), Oscar Mansilla (19), Diego Soto (29) y Humberto Barría (31), dos continúan impunes ya que tanto en el crimen de Mansilla como en el de Barría no hay pistas sobre los autores.
En ese marco, se efectuó la audiencia de control de detención por el homicidio de Vera en la cual se le formalizó la investigación a Matías Nieves en base al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y se estableció su prisión preventiva.
En cuanto al crimen de Diego Soto, ocurrido en Navidad "se le formalizó el homicidio a los hermanos Axel y Gustavo Llantén y les dictaron la prisión preventiva a ambos".
Por otro lado, "podemos mencionar el juicio oral y público por extorsión y tentativa de robo a inspectores municipales –Facundo Garbarino y Mauro Cárdernas- con una condena de cinco años y seis meses de prisión efectivos para ellos", concluye el informe fiscal.