El oficialismo logró reunir el quórum gracias al respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y espacios provinciales, además de legisladores de distritos con fuerte interés en la actividad minera. Incluso sumó apoyos individuales de sectores opositores, lo que terminó consolidando la aprobación de la iniciativa.
El proyecto modifica la Ley 26.639 y redefine los alcances de la protección sobre glaciares y zonas periglaciares. Entre los principales cambios, establece que solo estarán protegidas aquellas geoformas que cumplan una “función hídrica efectiva”, dejando en manos de las provincias la evaluación de cada caso.
Este punto abre la posibilidad de habilitar actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en áreas previamente restringidas, siempre bajo estudios de impacto ambiental definidos por las jurisdicciones locales.
Además, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuará con el inventario nacional, aunque dependerá de la información que aporten las provincias.
Debate caliente y ofensiva opositora
La sesión no estuvo exenta de polémica. Desde el inicio, la oposición intentó sin éxito incorporar otros temas al debate, como la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionamientos vinculados a su gestión.
A lo largo de la jornada, distintos legisladores criticaron tanto el contenido de la reforma como el proceso legislativo. Advirtieron sobre un posible retroceso ambiental y anticiparon que la norma podría ser judicializada.
Críticas y advertencias
Referentes opositores sostuvieron que la reforma flexibiliza la protección de recursos estratégicos, particularmente el agua, y denunciaron la influencia de intereses extractivos en la redacción del proyecto.
También cuestionaron la dinámica de las audiencias públicas y el tratamiento previo en el Senado, señalando limitaciones en la participación ciudadana.
Protestas y tensión fuera del Congreso
Mientras se desarrollaba el debate, organizaciones ambientalistas se movilizaron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la iniciativa. La protesta incluyó una vigilia y terminó con incidentes y la detención de manifestantes.
Desde estos sectores advirtieron que la reforma pone en riesgo ecosistemas clave y adelantaron que recurrirán a la Justicia para frenar su aplicación.
Pese a la tensión política y social, el resultado no sorprendió: el oficialismo ya contaba con los votos necesarios desde el inicio de la sesión. Con esa ventaja, incluso redujo la lista de oradores en el tramo final del debate para acelerar la votación.
Así, en la madrugada, quedó aprobada una de las reformas más sensibles en materia ambiental de los últimos años, que abre un nuevo escenario de disputa política, judicial y territorial en torno al uso de los recursos naturales en Argentina.