El municipio espera la versión de la policía por la denuncia de agresión de un comerciante 

Juan Carlos Gómez, el secretario de Coordinación del municipio de Caleta Olivia, descartó que responsabilidades de funcionarios municipales en el episodio de violencia que se produjo en el comercio de indumentaria deportiva de Villares. Asimismo, solicitan conocer la versión policial.

El Secretario de la Coordinación General del Municipio de Caleta Olivia, Juan Carlos Gómez, se refirió a lo ocurrido este miércoles 31 con el comerciante Aníbal Villares, luego la clausura del local O12 y los presuntos hechos de violencia que vincularían a Villares con la Policía de Santa Cruz.

Juan Carlos Gómez aclaró que Villares mantiene una situación irregular en su comercio desde hace al menos 10 años y que cuando asumió la actual gestión se le dieron todos los plazos posibles para que regularice su situación. Sin embargo, el comerciante nunca se presentó en las oficinas de Comercio.

Respecto a los hechos posteriores, Gómez sostuvo que recién tomó conocimiento de los mismos esta mañana y que desconoce la causa “No abalamos ningún tipo de violencia y tampoco podemos afirmar qué ocurrió porque desconocemos los hechos”, expresó al programa radial Vamos que Venimos.

Ayer a las 16 horas, personal de la Subsecretaría de Comercio se hizo presente en O12 ante la orden del Juez de Faltas Daniel Aybar. Como el comercio se encontraba cerrado, la clausura se hizo desde el exterior con la colocación de las fajas.

Según indicaron desde la Subsecretaría, a las 18 horas Villares rompió las fajas y abrió el local para la atención al público. Esto motivó el regreso de los inspectores acompañados por una custodia policial de rutina y la segunda clausura. En este punto, Villares se resistió a cumplir la norma impuesta por el Juez. Vale aclarar que durante este jueves volvieron a romper las fajas del comercio que continúa clausurado.

Gómez agregó que la orden de clausura fue emitida por Aybar el 19 de marzo y que se dio un tiempo prudencial a Villares para regularizar su situación. “No es el único comercio con el que actuamos de esta manera. A los comercios irregulares se los intima, se les da tiempo y cuando se llega al límite es el juez quien da la orden de clausura”, explicó.

Respecto al trabajo de la Subsecretaria de Comercio, indicó que fue un operativo de rutina, que la escolta policial es habitual ante una clausura y que los inspectores serán testigos en la causa que se instruyó.

“Me gustaría que la Policía de su versión y diga lo que ha sucedido. Nuestros inspectores son testigos una causa que instruyó la misma Policía. Desvinculamos de cualquier responsabilidad a cualquier funcionario de la municipalidad y a sus trabajadores. Más temprano que tarde se va a conocer lo que sucedió”, aseguró.

“Rechazamos cualquier tipo de violencia. No es la primera vez que estamos al frente del Municipio. Actuamos sobre muchos comercios y no tuvimos nunca este tipo de actitudes ni con la Policía ni con los comerciantes”, cerró el funcionario.

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