La determinación lo intima a que se capacite en “prevención y erradicación de la violencia laboral y de género”, además de indicar que en futuras reuniones con los denunciantes (referentes del SOYEM) deberá guardarse un registro audiovisual o bien estar presente un conciliador laboral.
El fallo apunta a un hecho del 12 de marzo en el que los representantes del SOYEM apreciaron un comportamiento violento por parte de Cortés, quien consideró que la resolución está “por fuera de lo que es el marco de la Justicia”, para luego asegurar que apelará.
Según El Cordillerano, en el fallo participaron los magistrados Alejandra Elizabeth Autelitano, Alejandra María Paolino y Juan Alberto Lagomarsino de León.
El sorteo correspondiente al orden para pronunciarse fijó que el primer término recayera en Autelitano, quien, tras considerar lo denunciado, sostuvo que las expresiones del jefe comunal hacia los denunciantes “configuraron violencia laboral e Institucional; lesiva de los derechos humanos, el trabajo digno y la dignidad de las personas; todo ello agravado por la asimetría de poder y menoscabo a los derechos protegidos a una vida sin violencia laboral y sin discriminaciones”.
De esa manera, hizo lugar a la demanda y expuso las acciones de capacitación que consideró que el jefe comunal debería seguir.
El juez Lagomarsino adhirió a su voto, y Paolino, ante la coincidencia entre los otros dos magistrados, se abstuvo de emitir opinión.