La defensa de Cervera solicitó una revisión de la prisión preventiva

La abogada del imputado por el delito de femicidio en perjuicio de Soledad Arrieta pidió ayer la revisión de la medida de coerción dictada por el juez Jorge Odorisio, quien dispuso cuatro meses de prisión para Gustavo Cervera. En la audiencia de control, la defensora oficial insistió en la ilegalidad de la detención y en que no hay testigos presenciales, como tampoco indicios que coloquen al hombre en el lugar de los hechos.

Gustavo Cervera (40) fue imputado por la Fiscalía de “homicidio agravado por ser cometido contra una persona con la que se mantiene de pareja, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”. La víctima fue su esposa Soledad Arrieta (38) y por ello el juez Jorge Odorisio dispuso para él cuatro meses de prisión preventiva. Ayer su defensora oficial, Lilian Bórquez, solicitó una revisión de la medida.

La presentación de la abogada se realizó al mediodía ante la Oficina Judicial y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia con dos jueces colegiados que analizarán nuevamente las medidas más gravosas que se han adoptado para cautelar el proceso.

Cervera quedó bajo prisión preventiva por el término de cuatro meses ya que se dan los presupuestos legales del peligro de fuga y entorpecimiento que ha planteado la fiscal María Laura Blanco, como por la gravedad del hecho, la pena de prisión perpetua que se espera, la influencia que podría generar en sus hijos –quienes aún no han declarado ante las autoridades- y en los testigos. Todo ello presupone que hay elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del crimen ocurrido a las 2 del lunes en la vivienda ubicada en Juan Manuel de Rosas al 3.500, barrio Abel Amaya.

En la primera audiencia, Bórquez planteó la ilegalidad de la detención de Cervera. “Todos sabemos que el personal policial tiene prohibido interrogar a quienes resultan sospechosos de un hecho policial. Es decir que el personal policial lo interroga no como sospechoso, sino como testigo del descubrimiento del cuerpo de la señora Arrieta. Y los datos que aporta el señor Cervera no son contradictorios con el resto de los elementos que se colectan por el Ministerio Público Fiscal. Tampoco podemos decir que el personal policial lo entrevisto como testigo y que en base a ello surgieron elementos incriminantes, o por lo menos que hubiera contradicciones serias que hicieran que ese interrogatorio deba ser suspendido para imputarle el hecho”, sostuvo la abogada.

Para ella, entonces, la detención de Cervera solo se basa en esa denuncia inicial del robo que en definitiva no había ocurrido. “Ese llamado no resistiría el análisis de la lógica. Una persona que cometiese semejante hecho llama para denunciar un robo y no genera ningún elemento que permita inferir que hubo un robo. No se produce el faltante de algún elemento, no se fuerza ninguna puerta, resulta también llamativo que se pergeñe una historia y no se traiga ningún elemento a la escena”, graficó la defensora en su exposición judicial.

LA DEFENSA

La defensora analizó que la Fiscalía sostiene que “Arrieta estaba en situación de subordinación y sometimiento y no se trae ningún elemento. Arrieta elige irse a vivir en el quincho detrás del domicilio en vez de irse a vivir en el domicilio de su hermana. Pero si hubiese habido subordinación, ni siquiera se pudiera haber mudado y hubiese continuado bajo el mismo techo que Cervera”.

La defensora oficial impugna la prisión preventiva porque entiende que no se cumplen los requisitos para tener a Cervera como autor del hecho y que la prisión preventiva ante un eventual peligro de fuga se convierte “en un anticipo de pena expresamente prohibido por la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales y las instrucciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y pactos internacionales”.

Frente a los indicios que relató la Fiscalía sobre una posible pelea o forcejeo en el quincho entre Arrieta y Cervera, la defensa dijo que “se ha dado cuenta de cabellos y aros de la mujer, pero no se ha dado cuenta de elementos que relacionen directamente al señor Cervera en el lugar”.

Bórquez insistió en que los testigos no son presenciales y que “ninguno puede dar cuenta de cómo la señora Arrieta perdió la vida”. A su criterio, son testigos que han aportado pruebas que deben ser peritadas en lo técnico y en las que nada puede influir Cervera y que “resulta curioso” que uno de los niños haya gritado “la quemaron a mi mamá” y “no hayan señalado a su padre como autor de los hechos, que es lo más común; lo más habitual es que los niños hagan manifestaciones de lo que vieron”.

La defensora pidió que se instrumenten todos los elementos del Estado para que en lo más breve posible los menores den su testimonio ya que “si todo el aparato legal del Estado está investigando, tiene que resguardar el testimonio de los niños”, lo que no permitiría que fuesen influidos por el imputado, uno de los peligros procesales que planteó la Fiscalía.

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