La fiscalía pidió 15 años de prisión para Martín Napal

La fiscal Andrea Vázquez pidió una condena de quince años de prisión para Martín Napal. En tanto, sus abogados solicitaron que cumpla un castigo de diez años de cárcel. Los jueces Daniel Pérez, Jorge Novarino y María Tolemei harán pública su decisión el miércoles.

Para el juicio de cesura de la pena las representantes del Ministerio Público Fiscal ofrecieron el testimonio de la licenciada en Psicología, Carla Galarza. La profesional -que presta servicios en el hospital rural de Sarmiento- describió la evaluación de las secuelas que sufrió Yohana Terán por el hecho traumático que debió atravesar.

En este sentido, resaltó los indicadores del estrés postraumático, destacando sus estados anímicos y la situación de angustia que mantiene en la actualidad.

Asimismo, confirmó que la víctima atraviesa situaciones de miedo e intranquilidad cuando debe permanecer sola en la vivienda donde Napal la atacó el 19 de mayo del año pasado.

“ESTOY VIVA DE MILAGRO”

«Quiero justicia por lo que me hizo a mí, y por hacer que pierda a mi hija. Estuve dieciocho días internada; los médicos me dijeron que estoy viva de milagro; me tuvieron que operar y me quitó la posibilidad de volver a ser madre», dijo ayer ante los jueces Yohana Terán.

Añadió que “desde que pasó el hecho, vivo con miedo. No puedo salir tranquila con mis hijos porque tengo miedo de que alguien nos haga algo».

La fiscal Vázquez desarrolló los agravantes que se presentan en el caso y argumentó las cuestiones referidas a la naturaleza y gravedad del hecho; la modalidad de ataque utilizada por el condenado y la extensión del daño causado, entre otras.

En consecuencia, pidió al tribunal que aplique a Napal el máximo de la pena prevista en el Código Penal. La ley establece que se debe imponer 15 años de prisión a la persona condenada por el delito de homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa.

Mientras, el abogado defensor, Gustavo Oyarzún, expresó que los agravantes invocados por la parte acusadora no habían sido debidamente acreditados y requirió que se tengan en cuenta como atenuantes la escasa instrucción de Napal y la falta de antecedentes penales computables. Con respecto, a la pena de prisión, pidió que la misma sea de 10 años de cárcel.

“CELOTIPICO”

El sábado 19 de mayo de 2018, a las 8 en la vivienda ubicada en la calle Rafael De La Fuente, casa n° 2 de la localidad de Río Mayo, Yohana Terán -embarazada de aproximadamente 25 semanas- se encontraba durmiendo junto a su hija de 2 años en la cama de abajo de una cucheta. En la habitación también se encontraba su otro hijo, de 5 años.

La investigación da cuenta de que Napal aprovechó esa situación de indefensión e intentó matar a su expareja. La apuñaló por la espalada, entre el tórax y el abdomen, del lado izquierdo. Utilizó un cuchillo de 33 centímetros de largo.

La víctima se despertó y comenzó a gritar “mamá, mamá, sácame el chuchillo, sacame el cuchillo”. La madre de Yohana llegó en forma inmediata y le quitó el puñal que tenía clavado en la espalda.

En tanto, Napal había huido por la misma ventana que abrió para ingresar a la casa de su ex novia. Se llevó 500 pesos y un pen drive.

Como consecuencia del brutal ataque, la víctima fue llevada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Allí, los médicos le practicaron intervenciones quirúrgicas para realizarle una cesárea -el feto estaba sin vida- y extirparle el útero y el bazo.

A raíz de estas operaciones, la mujer perdió la capacidad de engendrar.

La Fiscalía sostuvo que Napal conocía el estado de embarazo de su expareja, pero que por su personalidad “celotípica” sospechaba que la niña que esperaba la víctima no era su hija biológica.

En este marco, los acusadores mencionaron que en los años 2016 y 2017 otras dos mujeres presentaron denuncias contra el acusado. En ambos casos, las víctimas, manifestaron que Napal no aceptaba la finalización de las relaciones afectivas. En consecuencia, hasta desobedecía las órdenes judiciales de prohibición de contacto.

En este contexto, la fiscal Vázquez confirmó que un informe del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM) diagnosticó al procesado como una persona de conducta “transgresora”.

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