Desde ahora, las instituciones podrán fijar libremente el valor de sus cuotas y matrículas sin pedir autorización previa al Estado, un sistema que estuvo vigente durante los últimos 30 años.
Según el texto oficial, la norma derogada imponía “limitaciones y requerimientos” que dificultaban la adaptación de los establecimientos privados a los cambios económicos. Por ese motivo, el Gobierno resolvió avanzar hacia un esquema de libre contratación, en el que cada colegio podrá definir sus políticas de precios de acuerdo con sus costos, su ubicación y las condiciones del mercado.
“El objetivo es favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”, sostiene el decreto. En ese sentido, el Ejecutivo argumenta que la regulación previa podía generar “precarización de la calidad educativa”, al impedir que las instituciones actualizaran sus aranceles frente al aumento de costos operativos, salarios y servicios.