Mario Pais opinó que “la emergencia es, en primer lugar, reconocer la crisis y adoptar las medidas conducentes para atravesarla y salir de ella, y en este camino el gobierno que encabeza Alberto Fernández no va a subordinar la política social, fiscal y presupuestaria a las necesidades de pago de la deuda externa, sino que buscará mecanismos que aseguren el crecimiento económico y el desarrollo social para mejorar los indicadores que posibiliten con sustentabilidad atender las obligaciones con los acreedores”.
Al mismo tiempo, el legislador chubutense remarcó que “no deben confundirse los objetivos con los instrumentos, ya que estos últimos son los diferentes cuerpos que constituyen esta ley para otorgarle las herramientas necesarias al gobierno, que debe tomar decisiones estructurales y flexibles con el fin dejar atrás la actual situación del país”.
Por otra parte, el senador patagónico hizo hincapié en los objetivos de la ley y sostuvo que “la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerables, y el fortalecimiento del carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales para mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos, son fundamentales para promover la reactivación no sólo productiva sino de nuestro mercado interno”.
Por último, Pais destacó la futura reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva que promoverá el gobierno, y el objetivo de alcanzar la sostenibilidad fiscal, y aseguró que “por estos motivos se vuelve necesario dotar de herramientas al Poder Ejecutivo nacional para proteger los intereses de la sociedad, afectados por la crisis actual, en el marco de una serie de medidas que persiguen el objetivo de superarla y volver a poner a la Argentina de pie”.
El suyo fue uno de los 41 votos positivos que hubo en el Senado para aprobar la Ley de Emergencia Económica y Reactivación Productiva.
EQUIDAD SOCIAL
Por su parte, Alfredo Luenzo –quien también votó a favor de norma ayer a la madrugada- remarcó que “es una ley urgente para la Argentina” y lamentó que ”estamos hablando de hermanos de nuestra sociedad que hoy no pueden comer, que no tienen ni siquiera cuestiones básicas y elementales que el Estado está obligado a garantizar pero no lo está haciendo”.
El senador sostuvo que ”la redistribución de la riqueza es el eje central”, remarcando que “el Congreso ha sancionado un conjunto de herramientas que tienen una visión integral sobre la situación de extrema fragilidad de la Argentina y que plantean un esquema político, económico y tributario basado en un concepto de solidaridad, equidad social para reducir la brecha entre las mayores ingresos y quienes menos tienen”.
Asimismo, celebró el amplio acompañamiento que se recibió en el Senado y destacó “la vocación de diálogo de Alberto y Cristina Fernández para ampliar los consensos”. En ese sentido, subrayó que “nuestro espacio político realmente accedió a muchas modificaciones, cosa que antes no ocurría” y expresó que ”han sido 48 horas de intenso deliberación, donde se han debatido y corregido muchos puntos”.
El legislador indicó que se trata de “apelar a la solidaridad de algunos sectores que han recibido ganancias extraordinarias en estos cuatro años”. En ese marco, se refirió al “modelo de renta financiera durante el gobierno de Cambiemos”.
“Mientras tenemos gente con hambre, acá hubo bancos que ganaron 430 mil millones gracias a las Leliq y hemos visto una rentabilidad en el sector financiero con tasas del 81,3% “, completó.
“ES UN AJUSTE”
Por su parte el único diputado nacional que hoy tiene Comodoro pertenece a la UCR-Juntos por el Cambio. Es Gustavo Menna, quien habló sobre el tratamiento de la ley ómnibus que él votó negativamente, junto al resto del macrismo. “Aunque se llame Ley de Solidaridad Social, hay que reconocer que es un ajuste”, fue su argumento.
Al ser consultado de por qué no dio quórum la oposición, Menna apeló al remanido justificativo de que “es una herramienta parlamentaria para el tratamiento de una ley” y sostuvo que en este caso “el proyecto establecía una gran delegación de competencias para que el gobierno tome muchas decisiones sobre los organismos del Estado por decreto”.
“A raíz de nuestra posición logramos que se desista de algunos artículos muy graves como el 85 que le daba amplias facultades al Ejecutivo y la norma que suspendía por un año la incorporación de nuevos medicamentos y prestaciones al Programa Médico Obligatorio”, enfatizó en diálogo con Cadena 3.
Asimismo, utilizó el relato opositor del supuesto congelamiento de jubilaciones por seis meses –ya profusamente desmentido-, indicando que “eso lleva a un achatamiento de la pirámide y a dar aumentos diferenciados, por lo que van a sufrir mucho los regímenes especiales de docentes, investigadores, personal militar, servicio penitenciario, guardaparques y hasta ex combatientes de Malvinas”.
Al ser consultado sobre todo el paquete de medidas, Menna insistió en que “no está bien mandar un proyecto que después de idas y vueltas entró el martes a las 5 de la tarde y que hubo que estudiar y analizar ese mismo día para dar un debate razonable”.
“Es un gobierno que recién inicia y uno puede entender que es legítimo que se busque establecer las pautas para el gobierno. Parece un poco improvisado si uno analiza normas en detalle, pero nosotros hemos adoptado una posición firme, establecido un análisis en tiempo récord, para poder estar en condiciones de plantear todas las observaciones que tuvimos que plantear y ser definidas”, concluyó.
“Esto es un ajuste y es llamativo como se cambia el discurso. En el 2017 estuvo esa actitud frente a un simple cambio en la fórmula de actualización y hoy dos años después está demostrado que esa fórmula era más beneficiosa que la que regía hasta hoy”, concluyó con su parcial visión.