Después de que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró esta semana que el pedido de organizaciones sindicales para modificar el mínimo no imponible a partir del cual los trabajadores deben aportar al Impuesto a las Ganancias constituye un reclamo “político”, hasta las centrales obreras más cercanas al Gobierno -como la CGT que encabeza Antonio Caló o la CTA que lidera Hugo Yasky- insisten en la necesidad de que el Estado determine a corto plazo modificaciones en ese tributo.
Capitanich contrastó que de 9.953.937 personas que integran el sistema laboral en el país sólo el 11 por ciento, un total de 1.039.874 trabajadores, tributan el gravamen mencionado. Además recordó que antes del decreto 1.242/13 que la presidente Cristina Fernández firmó en agosto del año pasado, “estaban alcanzadas por el impuesto 2.238.014 personas”.
Al mencionar ese decreto, el funcionario nacional se refirió a la normativa que establece que quedaron exceptuados del pago de Ganancias todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que en el primer semestre de 2013 percibieron sueldos brutos mensuales de hasta $15.000. Sueldo bruto significa el monto previo a los descuentos de Jubilación, Obra Social y otros ítems que se detallan en el recibo de haberes, que en este caso se traduce en un ingreso neto o salario de bolsillo de alrededor de $12.450.
Capitanich también manifestó que las personas beneficiadas con el decreto 1.242/13 continúan exceptuadas hoy en día del gravamen, más allá de los aumentos de haberes que hayan logrado en los meses siguientes o durante el actual periodo fiscal. Así volvió a dar a entender que el reclamo de las centrales obreras tiene un costado político. “Pareciera que con las paritarias y el incremento de salarios ha aumentado el número de trabajadores que pagan impuestos y esto no es así”, argumentó.
Tal como sugiere el jefe de Gabinete, se puede considerar un porcentaje reducido que uno de cada diez asalariados se encuentre alcanzado por ese tributo en la actualidad. Pero imaginar que los trabajadores que reclaman por el impacto que el gravamen tiene sobre sus ingresos actúan empujados por motivaciones políticas, se transforma en un ejercicio complejo.
Más allá de la posición ideológica de cada central obrera, sus planteos son coincidentes. Uno de los reclamos reiterados es que este año todavía no se actualizó el mínimo no imponible, que es la base a partir de la que los empleados alcanzados por el impuesto observan una retención de un porcentaje de sus haberes. La consecuencia es que influye reduciendo las mejoras salariales que las diferentes ramas sindicales obtuvieron en sus recientes paritarias, ya que en la medida en que los trabajadores que tributan obtienen mayores ingresos, también se incrementa la retención que les practican.
En la Patagonia, como región, ese reclamo se acentúa. Es que si bien existe en la mayoría de las actividades productivas un nivel de ingresos que busca compensar el costo de vida más elevado, también se profundiza el porcentaje de trabajadores que son contribuyentes de Ganancias y que tributan en las escalas más altas del impuesto.
Hace un año, cuando Nación determinó la excepción para aquellos asalariados con sueldos brutos de hasta $15.000, también se instrumentó una deducción diferencial en el caso de los trabajadores patagónicos incluidos en el gravamen. Fijó para estos un mínimo no imponible mensual de $9.771,84 a partir del cual se empieza a calcular la porción de sueldo afectada por el tributo. Se tradujo en un reajuste de un 30% respecto a la base anterior mientras que en el resto del país fue del 20% con topes de acuerdo a los niveles de ingresos.
A pesar de ese avance y de los últimos aumentos salariales, el incremento significativo que el costo de vida experimentó a principios de este año ha reavivado los planteos de los trabajadores de Comodoro Rivadavia y de otras ciudades de la Patagonia para que se actualice el mínimo no imponible o se instrumenten otras variables en el cálculo del impuesto, sobre todo luego de la reciente incidencia que tuvo sobre el medio aguinaldo.
Desde sindicalistas hasta referentes políticos argumentan que a diferencia del resto del país, en la Patagonia seis de cada diez trabajadores tributan en la actualidad ese gravamen, salvo en Tierra del Fuego donde todos los asalariados se encuentran exceptuados del impuesto. Según los casos puede significar por año un descuento equivalente a entre uno y dos sueldos mensuales.
Frente a ese contexto, algunos gremios en forma unida –como aquellos que integran la CGT Saúl Ubaldini-, y otros en forma individual, iniciaron en los últimos meses gestiones para conseguir el respaldo de los senadores y diputados nacionales que representan a Chubut para mediar ante el Ejecutivo y tratar en el Congreso medidas que permitan atenuar el impacto del impuesto en la Patagonia de manera más efectiva y no como una solución que tenga un efecto temporal, como está empezando a suceder con la iniciativa que se adoptó hace un año.
Esas sugerencias van desde establecer una actualización anual para que el mínimo no imponible se fije de manera automática a principios de cada año y que se reajuste a partir de parámetros como los índices de costo de vida. O una actualización similar para la tabla que rige los montos a tributar según los niveles de ingresos, la que se mantiene sin cambios desde principios de la década pasada. También se propone eximir en el cálculo de ese gravamen al ítem zona desfavorable y al sueldo anual complementario.
Más allá de las intencionalidades políticas o personales que puedan existir entre algunos de los impulsores del reclamo como deslizó Capitanich, la mayoría de las organizaciones sindicales que piden modificaciones en Ganancias lo hacen a partir de una necesidad justificada. Apunta a que quienes se encuentran exceptuados del impuesto lo sigan estando y que en forma paralela se atenúe el impacto que ese tributo tiene hoy sobre los ingresos de los demás asalariados.
Salvo excepciones, nadie pide la eliminación lisa y llana del gravamen porque los propios dirigentes gremiales reconocen la incidencia que tiene Ganancias para las arcas públicas. No sólo es un ingreso fiscal coparticipable con las provincias, sino que es uno de los impuestos que permite desarrollar programas como la Asignación Universal por Hijo que marca un avance de justicia social en el país. Incluso contribuye a sostener la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles educativos.
Sin embargo, como reclaman distintos sectores, hay que empezar a debatir una reforma tributaria integral. Porque así como es necesario que los trabajadores con los ingresos más elevados sostengan el esfuerzo de aportar con sus impuestos a un sistema tributario de “progresividad”, donde quien más tiene más debe contribuir, también resulta ser paradójico que actividades vinculadas con la renta financiera hoy estén exceptuadas de un gravamen, como las ganancias generadas de los intereses de plazos fijos por depósitos individuales de cientos de miles de pesos e incluso de millones.
