Nueve extripulantes del submarino San Juan deberán declarar ante la jueza Marta Yáñez

Los capitanes de navío Ernesto Blanco y Eduardo Yrigoyen, excomandantes del submarino ARA San Juan, y otros siete marinos que formaron parte de las últimas tripulaciones del navío desa-parecido el 15 de noviembre de 2017 en aguas de océano Atlántico, fueron citados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, para que aporten sus testimonios acerca de las fallas que pudieron haber detectado. A La lista se suma el actual director general de Comunicaciones de la Armada, contralmirante Osvaldo Vernazza.

Caleta Olivia (agencia)

A casi cuatro meses de la desaparición de los 44 submarinistas, la causa que se ventila en el juzgado de esta ciudad sigue siendo caratulada como “averiguación de ilícito” y ya tiene casi 1.000 fojas contenidas en seis cuerpos, al margen de las 14 cajas con abultada documentación que, en etapas sucesivas, envió la Armada a requerimiento de la magistrada.

Ya prestaron declaración testimonial presencial dos contralmirantes auditores, el vocero de prensa y los dos tripulantes que descendieron en Ushuaia antes de que el submarino de clase S-42 iniciara la fatídica travesía de retorno a su base en Mar del Plata, en tanto que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, respondió a las requisitorias legales por escrito.

En ámbitos de este juzgado también se tiene en claro que la nave no estaba en condiciones de navegar por una multiplicidad de fallas que conspiraban contra una normal operatividad, pero antes de formalizar su hipótesis la jueza quiere agotar toda la etapa de declaraciones testimoniales y luego avanzar en las indagatorias, teniendo en cuenta que la causa es delicada y compleja.

VIDEOCONFERENCIA CON FAMILIARES

En otro orden de actividades, se confirmó que Yáñez mantendrá a partir de las 10 del lunes, desde su despacho, una video conferencia con varios familiares de los submarinistas desparecidos a los cuales se los considera fallecidos a pesar de que no hay indicios de sus cuerpos ni del sitio exacto de las profundidades del mar en donde puede estar el casco intacto o destruido de la nave.

Los familiares estarán en un salón de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la conversación no revestirá carácter de declaración testimonial, sino que a través de la misma la jueza les brindará un informe sobre la marcha de la causa, evacuará sus consultas e incluso les requerirá si desean aportar algún dato que revista interés para las investigaciones.

Por otra parte, se confirmó que hace pocos días se sumó una nueva abogada a la querella, Lorena Arias, residente en Buenos Aires, quien representa a nueve familias de los malogrados tripulantes, recordándose que el primero en ejercer ese rol fue el abogado penalista Luis Tragliapieta, quien en principio representaba a siete familias y ahora a cinco.

LAS NOVEDADES

Por otra parte, uno de los secretarios del juzgado, Miguel Biscardi, confirmó a El Patagónico las nuevas medidas procesales que resolvió Yáñez, consistentes en pedidos de declaraciones testimoniales a personal de la Armada.

El primero que deberá presentarse en Caleta Olivia, precisamente el 19 de marzo, será el contralmirante Osvaldo Vernazza, actual director general de Comunicaciones e Informática.

Luego, entre los días 21 y 26 de este mismo mes están convocados siete submarinistas (suboficiales y oficiales) que formaron parte de las tripulaciones del ARA San Juan entre los años 2016 y 2017, en tanto que en el mes de abril, en fecha a confirmar, serán citados dos ex comandantes de la nave: los capitanes de navío Ernesto Blanco y Eduardo Yrigoyen.

Finalmente, pudo saberse que la juez Yáñez ya libró un oficio al Ministerio de Defensa para que le remita un informe de los resultados de una explosión marina programada que hace pocas semanas hizo la Armada en el mismo sitio donde se detectó el epicentro de la onda hidroacústica que se atribuye al posible colapso del submarino.

Vale recordar que la misma coincide con la fecha en que desapareció el submarino y fue registrada por la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares que tiene su sede en Austria, presumiéndose que la que hizo la Armada fue para compatibilizar datos que puedan tener semejanza con el registro del organismo internacional.

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