Otra designación irregular con un ciudadano peruano

El fiscal Omar Rodríguez explicó que se investiga a un ciudadano peruano en el marco de la causa en la que se investiga a la exministra Torres Otarola. Según el fiscal, la persona investigada vive en Buenos Aires, tiene un cargo de director, cobra un sueldo pero no presta servicios. Tendría antecedentes penales por violencia de género y no contaría con antecedentes académicos.

Una persona con las mismas características había sido denunciada no hace mucho por ocupar un cargo en la Comisión de Aborigen del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural que conduce Máximo Pérez Catán.

Así que entonces una nueva denuncia vuelve a involucrar a un ciudadano peruano por irregularidades a la hora de ser designado en un cargo político.

El contador Martín Sandoval denunció que la ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, les retenía parte del salario a sus colaboradores, lo que generó que el fiscal Omar Rodríguez comenzara a investigar las designaciones de dos personas que no brindarían contraprestación. Una es la madre de un abogado que tendría una causa por corrupción y otra es un ciudadano peruano que residiría en Buenos Aires y no habría presentado documentación académica ni certificado de antecedentes penales.

“Habría dentro del Ministerio (de Familia) gente que no presta servicios. Uno es una persona de origen peruana que vive en Buenos Aires que tiene un cargo de director, cobra un sueldo y no presta el servicio. Tendría antecedentes penales por violencia de género. Esto tiene que ver con la falta de todo control dentro de los organismos”, detalló Rodríguez.

“Cuando fuimos a buscar los legajos personales de varias personas, nos encontramos con que no tiene un antecedente académico y nada que se le parezca. Está contratado como director, cumple el rol de asesor y ni siquiera hay estudios secundarios completos. No hay certificado de apto físico en el legajo y sí una serie de irregularidades, sumado a que es una persona que tiene domicilio en Buenos aires y no sé si vino alguna vez a Chubut. Quizás no. Son situaciones que llaman la atención y se encuentran dentro del delito penal”, destacó el fiscal.

LAS MISMAS CARACTERISTICAS

Lo cierto es que no es la primera vez que un ciudadano peruano aparece como principal sospechoso en designaciones irregulares en Chubut. La otra causa se conoció en mayo cuando las abogadas Sonia Ivanoff y Elvira Cortéz denunciaron a Máximo Pérez Catán y a Marco Antonio Ramos Velásquez por el presunto delito de nombramiento de funcionario público sin los requisitos legales en la Comisión de Aborigen del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural.

Ramos Velázquez se desempeñaba como docente de Lengua y Comunicación en una escuela secundaria de Trelew y pidió licencia en sus horas cátedra para poder asumir en el cargo. Según Ivanoff, llegó a la Comisión de Aborigen por sus vínculos con Pérez Catan y la irregularidad denunciada fue detectada en enero de 2019 por un informe del Ministerio de Educación de Chubut cuando se descubrió el caso de Cristian “Chito” Alarcón por cobrar sobresueldos.

La abogada explicó que Ramos Velázquez estuvo cobrando todo 2019 un sueldo mensual de 130 mil pesos, sin contar los viáticos.

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