Padres del jardín Tribilín esperan explicaciones del municipio

El abogado de los padres damnificados aseguró que los cargos a las maestras serían por tortura.

Un grupo de padres de alumnos del jardín Tribilín de San Isidro, investigado por maltrato hacia los niños, concurrieron ayer al mediodía a una sesión del Concejo Deliberante de esa ciudad en la que se trataba un pedido de informes a funcionarios.
“Queremos lograr que el intendente Gustavo Posse ponga a disposición de la comunidad toda la información para esclarecer cómo figuraba para el municipio el jardín Tribilín”, dijo Leandro Martín, concejal del Frente para la Victoria (FPV) que impulsa la iniciativa.
El pedido de informes que presentó Martín junto a otros tres ediles (del FAP, un vecinalista, y un independiente), surge de haber detectado en el expediente 11012-B/98, que el lugar fue habilitado para funcionar como jardín maternal “con capacidad para 32 alumnos”, sostuvo Martín.
Tras la habilitación municipal el jardín, ubicado en O’Higgins 591, “fue eximido de pagar el ABL pero nunca la comuna le requirió la documentación provincial, cosa que debe ocurrir al tratarse de un establecimiento educativo”, aseguró  Martín.
Mientras la entrecortada y ruidosa sesión ocurría en la sala del edificio, unos seis padres de los chicos que concurrían a esa guardería esperaban en el hall junto a sus abogados.
“Los padres están preocupados por lo que les ocurrió a sus hijos y buscan justicia. Si esta sesión sirve para encontrar una explicación en términos de controles y responsabilidades tanto de la comuna como de la provincia de Buenos Aires será positiva”, dijo su representante legal, Gonzalo Romero.
Si eso no ocurre, “sólo será una pelea política más que a nosotros no nos interesa”, apuntó el abogado.
La sesión comenzó poco después de las 12 en una sala colmada de gente, donde hubo forcejeos en varias oportunidades mientras el grupo de unos seis padres y sus dos abogados permanecieron en el hall del edificio.
Romero sostuvo que la causa se encuentra en un período de producción de prueba y que a pesar de las graves acusaciones por amenazas y de maltrato de chicos, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
“Si conseguimos probar las aberraciones que se cometían estaremos ante una causa grave y los cargos serán por torturas”, advirtió Romero.
El fiscal de la causa, Franco Servidio, pidió la prisión contra cinco docentes del jardín por el delito de abandono de persona agravado, pero el juez Sal Lari rechazó el pedido y les concedió la eximición de prisión hasta que se recolecten más pruebas.
El intendente Posse había sostenido que la comuna acompañó y apoyó a los padres en la denuncia, pero algunos concejales descubrieron que la municipalidad conocía de la existencia del jardín y nunca lo controló.

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