Podría haber juicio por manejo de planes sociales

Formalizaron este lunes la apertura en contra de los cinco imputados, sobre quienes pesan acusaciones de extorsión, ya que exigían un diezmo y participar de movilizaciones para acceder a determinadas prestaciones.

Los cinco imputados son miembros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que a nivel nacional conduce Juan Grabois. Se trata de los hermanos Florencia, Mauricio y Rosa Ruiz, además de Joana Painemal y Patricia Mercado. El hecho que se les endilga ocurrió en mayo de 2017.

Según el fiscal Héctor Iturrioz, los hechos tuvieron lugar en la zona norte de Comodoro en perjuicio de 9 víctimas, a quienes “un grupo comandado por Florencia Ruiz, e integrado al menos por sus hermanos Carolina Ruiz y Mauricio Ruiz, Joana Painemal y Patricia Mercado, todos ellos según aducían, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), comenzaron a empadronar a distintas personas de bajos recursos y aquejadas por necesidades básicas insatisfechas, residentes en la Zona Norte de esta ciudad (B° COMIPA – Km 8 – Ciudadela y Diadema)”.

Según el fiscal, dicho empadronamiento tenía el objetivo de formar un merendero y luego obtener un Plan Social para los adherentes. Completados los requerimientos iniciales se les indicaba que debían retirar la tarjeta social en al Banco Nación y así poder empezar a cobrar el denominado “Salario Social Complementario” (SSC), subsidio que por entonces concedía el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Proyectos Productivos Comunitarios.

¿CONTRAPRESTACION?

Una vez que se acreditaron los importes, los beneficiarios tomaron conocimiento del depósito por Florencia Ruiz que les hizo saber que debían hacer un “aporte” económico al “Movimiento”, el que pese a su nombre no era voluntario sino “obligatorio” y cuyo monto variaba entre los $ 400 y los $ 1.000, llegando incluso a alcanzar un porcentaje igual a la mitad de aquel SSC, según la acusación fiscal.

Asimismo, se les empezó a exigir a los beneficiarios la asistencia a las marchas organizadas por el MTE y a trabajar en los talleres que tenía a cargo el Movimiento. También quienes se negaban a cumplir con tales exigencias eran sancionados por los imputados. En cuanto a quienes no asistían a las marchas no eran acreedores del “bolsón de alimentos” que distribuía el MTE. Y a quienes no pagaban en tiempo y forma el “aporte” se les “suspendía” el beneficio, o directamente se les daba de “baja” del Plan Social. Dicha maniobra “se mantuvo en vigencia hasta mediados de noviembre de 2021”, afirmó Iturrioz, quien calificó provisoriamente el mismo como “extorsión” en calidad de “coautores” para los cinco imputados, solicitándole finalmente a la jueza Mariel Suárez el plazo de seis meses de investigación.

Seguidamente se escuchó las extensas declaraciones de los cinco imputados que se autodefinen como “un grupo auto-gestionado” y que la causa “es un revanchismo político de parte de Gustavo Menna, por la figura” de su hermano que por entonces estaba preso en Buenos Aires por los incidentes en el Congreso cuando se sancionó la Ley de Reforma Previsional.

La defensora Paula Ojeda argumentó que el relato del hecho no coincide con la calificación jurídica de extorsión; que el aporte era una colaboración para auto-gestionarse y que el mismo era voluntario, no oponiéndose a la apertura de teléfonos secuestrados y solicitando “se desestime lo pedido por el fiscal”.

Finalmente, la jueza Suárez resolvió autorizar la apertura de investigación del caso por el hecho y la calificación legal esgrimida por el fiscal. Dijo que del relato del hecho se contemplan elementos de la figura típica de extorsión, otorgando seis meses de plazo para concluir con la investigación.

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