Por una falla de la Justicia convivió dos años con su padre después de haberlo denunciado por abuso sexual

Una adolescente tuvo que convivir dos años con su padre luego de haberlo denunciado por los abusos sexuales que sufrió desde los 12 años. Fue porque la Justicia no lograba notificar al depravado. La causa finalmente se formalizó el miércoles y la jueza que presidió el acto le dictó la prisión preventiva. La denuncia se presentó en 2015 luego de que la escuela a la que asistía la víctima le brindara el acompañamiento que necesitaba para afrontar la situación.

La audiencia de apertura de investigación contra el padre abusador se realizó el miércoles en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la jueza penal, Mariel Suárez. La Fiscalía estuvo representada por el funcionario Cristian Ovalle, mientras que el imputado fue asistido por el abogado particular, Alejandro Fuentes.
El acto demoró dos años en realizarse, desde que se presentó la denuncia. A partir de las averiguaciones que llevó adelante El Patagónico, se conoció que se debió a la imposibilidad de notificar al sospechoso, quien pese a tener una orden judicial del Juzgado de Familia sobre la restricción de acercamiento a la víctima, continuó viviendo en el domicilio con ella y le tenía prohibido al resto de la familia confirmar ese dato ante cualquier notificación.
En la audiencia, la parte acusadora pidió que se formalizara la apertura de investigación preparatoria en su contra por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado por haber sido cometido por el padre y por la situación de convivencia preexistente, siete hechos en concurso real.
El funcionario de Fiscalía solicitó además que se otorgue el plazo de máximo de investigación (seis meses) y se le dicte al imputado la prisión preventiva en razón de los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento, ya que reside en el mismo domicilio de la víctima, pese a las órdenes de restricción dictadas en el fuero de Familia y la denuncia de un domicilio falso.
La defensa se opuso y solicitó la libertad de su defendido o subsidiariamente su arresto domiciliario.
Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió formalizar la apertura de investigación respecto a los hechos y la calificación legal esgrimida por el representante de Fiscalía, dando por anoticiado al imputado de los mismos y por asegurada su defensa técnica.
En cuanto al plazo de investigación, autorizó los seis meses que solicitó el Ministerio Público Fiscal y entendió que se trata de un caso grave que amerita el dictado de la prisión preventiva, la cual fijó en principios en 30 días.
A todo esto, la magistrada ordenó la realización de una audiencia en Cámara Gesell para tomar el testimonio a la menor de edad que resultó víctima, quien sufrió los abusos de su propio padre desde que tenía 12 años y que recién en 2015 pudo desahogarse en la escuela, institución que le brindó el acompañamiento necesario y posibilitó que radicara la denuncia.

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