El fiscal de Estado, Miguel Montoya y el ministro de Salud, José Manuel Corchuelo Blasco efectuaron ayer las presentaciones judiciales en Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y hoy harán lo propio en Comodoro Rivadavia y Esquel. Concretamente formalizaron las denuncias penales a un grupo de cirujanos que operaban en quirófanos de clínicas y sanatorios privados en el horario que debían abocarse al sistema público de salud.
En esta primera etapa se denunció a ocho médicos, aunque Montoya indicó que el grupo total asciende a diecinueve y que está culminando el proceso de investigación sobre esos once restantes para comprobar lo que consideró "una verdad a gritos".
Montoya recordó que esta investigación se había originado en el marco de un conflicto paritario de los cirujanos con el Ministerio de Salud "en disonancia con el resto de los profesionales de la Medicina y por afuera del encuadre legal del convenio colectivo de trabajo" por el cual se suscribieron una serie de actas de imposible cumplimiento, según el fiscal.
"Tenían más horas otorgadas de las horas que tiene el mes y a raíz de esto surgió que sin perjuicio de las actas paritarias que estaban suscriptas por un gremio existían además incumplimientos graves", indicó.
LIBROS DE CIRUGIA
Al inicio de la investigación, la presentación del Ministerio de Salud ante la Fiscalía de Estado, determinó que Montoya planteara una requisitoria de catorce puntos, que incluyó el pedido de libros de cirugía de las clínicas privadas de los últimos dos años.
"De allí surgió un modus operandi en el que en el supuesto horario de trabajo en los hospitales había una infinidad de cirugías realizadas en los privados, y además probamos las ausencias en el sentido inverso: todos sabemos que el sistema público tiene falencias en los sistemas de control de personal, de esta forma probamos que si usted estuvo en el privado, no estuvo en el publico a la hora que debía estar", explicó en referencia a una parte de la documentación relevada.
La denuncia concreta que recae sobre este grupo de médicos es por "enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado", es decir por realizar trabajos en clínicas privadas en el momento que debían estar desempeñándose en hospitales públicos de toda la provincia. Se los acusa además de "omisión de funcionario público" y "fraude cometido por abuso de confianza agravado" al ser en perjuicio de la administración pública.
A la vez Montoya planteó que con un sueldo mensual promedio de entre $50.000 y $70.000, las estadísticas demuestran que los médicos realizaban una cantidad de cirugías significativamente menor que las que el sistema público está en condiciones de concretar.
"No es que el Estado no esté poniendo los recursos que tiene que poner para dar solución a esta problemática, teniendo presente también la distinción entre estos profesionales que tienen una situación dominante respecto a otros tipos de profesionales. Han hecho un abuso de posición dominante, realizando una serie de maniobras con retenciones de servicios, tendiente a usufructuar ese tiempo en actividad privada logrando un enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado, lo cual consideramos un fraude", sostuvo el fiscal.