El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut después de permanecer 78 días desparecido. Había sido visto por última vez el 1 de agosto, cuando acompañaba un reclamo mapuche por tierras ancestrales en Cushamen y Gendarmería Nacional protagonizó un violento desalojo.
La vida de la comunidad mapuche de Cushamen y Santiago comenzaron a cruzarse después que el lonco Facundo Jones Huala fuera detenido el 27 de junio cuando se dirigía hacia su comunidad que se encuentra en Vuelta del Río, cercana a El Maitén y Leleque, en Chubut. La detención ordenada por el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, fue ejecutada por Gendarmería Nacional sobre la ruta Nacional 40, en territorio rionegrino, entre el Bolsón y Bariloche, ya que existía un pedido de captura nacional contra el lonco.
Cuatro días más tarde, el joven artesano llegó a la comunidad mapuche para solidarizarse con la lucha de los pueblos originarios y sus reclamos.
En este marco, el 1 de agosto, un grupo de manifestantes, en el que se encontraba Santiago, fue reprimido por Gendarmería cuando realizaban una protesta, en la ruta Nacional 40, reclamando la liberación del líder mapuche.
Las balas de gomas y las corridas fueron una constante en Cushamen. Nueve personas fueron detenidas ese día. Sin embargo, nadie sabía qué había pasado con Santiago. Mapuches y miembros de organizaciones de Derechos Humanos comenzaron a recorrer centros asistenciales, comisarías y escuadrones de Gendarmería para conocer su paradero pero no obtuvieron respuestas. En un par de minutos Santiago había pasado de ser un manifestante a convertirse en un desaparecido.
Así, Esquel se convirtió en un territorio de muchas preguntas pero de pocas respuestas donde todos cañones apuntaban al Gobierno nacional. Es que ante la falta de certezas se sumaban las múltiples versiones que se intentaban instalar.
El descontento de la sociedad se incrementaba con el paso de los días al conocerse que el operativo de represión fue encabezado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti.
En el país reinaba un enojo generalizado que se vio plasmado en movilizaciones y reclamos en Buenos Aires y ortas ciudades, incluida Comodoro Rivadavia. También se temió un estallido social cuando grupos de encapuchados atacaron el Escuadrón 35 de El Bolsón de Gendarmería, la Casa del Chubut en Buenos Aires y otras instituciones nacionales.
SILENCIOS QUE COMPLICAN
Ante este panorama, Guido Otranto del Juzgado Federal de Esquel fue el magistrado encargado de encabezar la investigación para dar con el paradero de Santiago. Sin embargo, siempre estuvo en el ojo de la tormenta por las decisiones que tomaba.
Una de ellas fue el allanamiento que encabezó en el último domicilio conocido de Santiago en El Bolsón. Esto generó críticas por parte de la familia Maldonado ya que aseguraban que el juez se negaba a inspeccionar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería.
Otro de los motivos que generó críticas en el magistrado fue que Otranto nunca se mostró interesado en explicar los operativos a la familia Maldonado y negó reunirse en Esquel con una comisión de Derechos Humanos, liderada por Nora Cortiñas.
Pero Otranto no fue el único que recibió críticas en esos días. El presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también fueron los principales apuntados en cada uno de los reclamos que se registraron en el país.
Es que el Presidente no solo tardó en referirse al caso y cuando lo hizo fue desde un ascensor de un hotel de Buenos Aires. Otra de las acciones del Gobierno nacional que fue criticada fue ofrecer una recompensa por 500 mil pesos a quien brinde datos certeros del paradero de Santiago. Esto generó que muchas personas brindaran diferentes versiones para obtener el dinero. Que Santiago había sido apuñalado por un puestero, que lo habían visto en Comodoro Rivadavia o viviendo en Chile fueron algunas de las hipótesis que se escucharon por aquel entonces.
En este marco, legisladores pidieron que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, concurriera el 16 de agosto al Congreso para brindar explicaciones sobre la desaparición de Santiago. Allí, la funcionaria aseguró que no había “indicios” para responsabilizar a Gendarmería sobre el paradero del joven artesano y culpó a la comunidad mapuche de obstaculizar la búsqueda.
Un día después Interpol comunicó que se sumaba a la búsqueda y la Fiscalía Federal de Esquel pidió que Otranto caratulara la causa como “desaparición forzada” pese a la negativa del Gobierno nacional.
PROVINCIA COMO QUERELLANTE
El 1 de septiembre se cumplía un mes de la desaparición de Santiago. En todo el país se realizaron marchas multitudinarias donde el epicentro fue Buenos Aires. Allí, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, se dirigió a los presentes responsabilizando al gobierno de Mauricio Macri y a Bullrich por la desaparición.
Los reclamos de los manifestantes no solo iban dirigidos al Gobierno nacional. Es que el papel que jugaba el Gobierno provincial siempre estuvo bajo la lupa. No solo porque Oscar Petersen, subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, no se desempeñó como se esperaba sino también porque se sospechaba que la Policía provincial había formado parte del operativo del 1 de agosto.
En consecuencia, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, desligó a la fuerza provincial y aseveró que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación, Pablo Noceti, diseñó el operativo de represión que el 1 de agosto realizó Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen.
NUEVO JUEZ
En septiembre también empezaron los rastrillajes en la comunidad mapuche de Cushamen y se comenzó a tomar declaraciones a los gendarmes que participaron del operativo donde fue visto por última vez el joven oriundo de 25 de Mayo.
La tensión entre la familia Maldonado y Otranto empezó a crecer por lo que la querella solicitó el alejamiento del magistrado de la causa. La recusación contra Otranto se realizó el 21 de agosto en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia donde la representante legal de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales detallaron ante la Cámara de Apelaciones sus argumentos para que el magistrado fuera separado de su cargo.
El pedido de la querella fue aceptado un día después y la causa recayó en el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.
Desde el primero momento, el nuevo magistrado mostró su diferencia de trabajo con Otranto. Es que Lleral aceptó reunirse con la familia Maldonado y con las organizaciones de Derechos Humanos que se encontraban en Esquel. “Me parece que es más coherente que Otranto”, aseveró Sergio después de la reunión con el juez. El magistrado también se reunión con miembros de la comunidad mapuche de Cushamen.
HALLAZGO EN RIO CHUBUT
El 1 de octubre se cumplían dos meses de la desaparición de Santiago y se repetían las marchas multitudinarias en todo el país donde las acusaciones contra el Gobierno nacional seguían latentes.
El cambio de juez generó un poco de alivio en la familia Maldonado no solo por su predisposición para el diálogo sino también por tomarle declaraciones a dos integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen en su territorio.
Esto permitió que los mapuches autorizaran los rastrillajes en su comunidad. Los operativos se desarrollaron en el río Chubut donde el 17 de octubre equipos de Prefectura Naval hallaron un cuerpo a 300 metros del lugar donde ocurrió la represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto.
El cuerpo tenía entre sus pertenencias el Documento Nacional de Identidad de Santiago Maldonado. El hallazgo causó conmoción en la sociedad a tal punto que los partidos políticos suspendieron sus actos de campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre.
Tres días más tarde, Sergio Maldonado reconoció por los tatuajes que el cuerpo encontrado en río Chubut era de Santiago. Aseguró que el cadáver fue “plantado”, responsabilizó a Gendarmería y criticó que se filtraran las imágenes de su hermano en la morgue de Esquel. Ahora quedaba esperar los resultados de la autopsia.
El informe, según tres pericias distintas, estuvo listo el 24 de noviembre donde se determinó que Santiago murió por “ahogamiento por sumersión”, en un cuadro coadyuvado por “hipotermia”, y que su cadáver permaneció en el agua entre 55 y 73 días.
Un día más tarde, el joven fue velado en su ciudad natal de 25 de Mayo, en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Allí, sus familiares y amigos despidieron sus restos y se enteraban que ese mismo día Rafael Nahuel, un joven mapuche era asesinado en un violento desalojo que ejecutó el Grupo Albatros de Prefectura Naval en Villa Mascardi, Bariloche.
En tanto, el juez Lleral continúa tomando testimonios y por ahora lo único que se sabe con certeza es que Santiago perdió la vida escapando de una represión contra sus ideales.