Apenas asumió como secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli quiso congraciarse con el discurso del ajuste y el superávit fiscal de Javier Milei y cortó el pago de deudas a proveedores que venían del gobierno de Alberto Fernández.
De ese modo, objetó los pagos que ya tenía comprometidos el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inrpotur), que depende de su Secretaría, con 38 proveedores en materia de publicidad.
Además, pidió una auditoría que recomendó revisar el Régimen de Contrataciones del instituto y controlar que la tramitación de la selección, adjudicación y ejecución de las adjudicaciones para proveedores contaran con evidencias documentales válidas y suficientes.
Incluso, la administración libertaria y bajo impulso de Guillermo Francos, jefe político de Scioli, denunció el tema en la justicia federal y recayó la causa en el juzgado federal de Ariel Lijo. Luego lo sucedió en el expediente el juez Daniel Rafecas.
Pero luego de cortar los pagos, al exmotonauta le hicieron saber que uno de los proveedores acusados de comportamientos deshonestos era Franco Colapinto, que había promocionado la marca país de Argentina. Tener enojado al único argentino que corre en la Fórmula 1, una figura de fama mundial, fue demasiado para Scioli.
El ex menemista, kirchnerista y albertista siempre fue sensible a las necesidades de las figuras, tanto deportivas como de la farándula. De hecho, tiene estatuas de cera de Los Pimpinela, Cacho Castaña y Ricardo Montaner en su quinta de Villa La Ñata.
Alarmado, Scioli ordenó apurar el pago de la deuda, pero sólo para el caso de Colapinto. Por medio de la empresa Bullet Sports Management, el crack del automovilismo embolsó 400 mil euros en concepto de patrocinio para el campeonato de Fórmula 3 de 2023 que iniciaba el 1 de abril en Melbourne, Australia.
LPO accedió a la resolución del Banco Central del 28 de agosto de 2024 en la que habilitó al Inprotur a pagar los dólares a Colapinto, sorteando las restricciones cambiarias que regían para el resto de los argentinos.
La decisión incluso causó molestia en el juzgado de Rafecas, desde donde le explicaron a Scioli que no podía hacer pagos de una serie de deudas que ellos mismos habían denunciado como sospechada de corrupta, mientras la investigación seguía en curso.
Luego de investigar, en el juzgado de Rafecas le explicaron a Scioli que no veían delito, pero que en todo caso si tenían sospechas de alguna malversación de recursos públicos, lo que correspondía en primer lugar era hacer una investigación administrativa. Y así lo hizo Scioli.
El juez Rafecas advirtió que "si bien se puede entrever algún tipo de desprolijidad o irregularidad administrativa, o algún tipo de omisión contractual, las mismas podrían llegar a ser materia de sanción interna o disciplinaria, o en todo caso resolverse en sede administrativa, pero no se vislumbra algún tipo de maniobra fraudulenta organizada, que pueda ser parte de un reproche penal".
Los otros 37 proveedores que no tuvieron la suerte de una pole position como la de Colapinto lógicamente reclamaron el pago correspondiente y amenazaron con armar un escándalo.
Para que bajara la espuma, Scioli les dijo al resto de los proveedores que les pagarían, pero en pesos. Algunos no aceptaron la injusticia, pero otros, con tal de cobrar la deuda, dijeron que sí. Finalmente, cuando quisieron cobrar, el Improtur les advirtió que no podían pagar porque había una investigación administrativa en curso.