La causa se originó tras la denuncia de padres de alumnos de séptimo grado de una escuela local, quienes la acusaron de no restituir el dinero recaudado para el viaje de egresados a Las Grutas.
Méndez se había ofrecido como responsable de administrar los fondos que tanto alumnos como padres reunían para el viaje de estudios, logrando acumular alrededor de 4.5 millones de pesos a través de una billetera virtual a su nombre. Sin embargo, los fondos fueron utilizados para otros fines y no reintegrados cuando los demás padres lo solicitaron.
La fiscalía formalizó una investigación por el delito de estafa, al considerar que Méndez había abusado de la confianza depositada en ella. No obstante, durante la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal propuso el sobreseimiento de la acusada, argumentando que se había alcanzado un acuerdo reparatorio con las familias afectadas.
La falta de antecedentes penales de Méndez y la posibilidad de una resolución alternativa del conflicto judicial fueron factores clave para que la fiscalía aplicara un criterio de oportunidad, sujeto al cumplimiento de ciertas pautas por parte de la acusada. Esta postura fue respaldada por la defensa.
El juez de Garantías Ricardo Calcagno, al no encontrar oposición, dictaminó el sobreseimiento de Joana Giselle Méndez por el delito de estafa. Fundamentó su decisión en el desinterés de las víctimas en continuar con la causa, producto del acuerdo alcanzado con la acusada, lo cual se ajusta a lo previsto en la legislación vigente. El juez también dejó constancia de que la investigación no afectó el buen nombre y honor de Méndez previo al proceso penal.