La prostitución suele despertar acalorados debates y la reciente iniciativa de regulación de los prostíbulos en Comodoro Rivadavia no es la excepción. En estos días se escucharon muchas opiniones, tanto a favor como en contra de la iniciativa. Sin embargo, como también suele suceder, la voz de las mujeres en situación de prostitución fue la ausente del convite. Un debate que se pretenda democrático no puede eludir la participación de quienes son las principales involucradas.
Si la voz de las mujeres (y varones, y trans) que ejercen actualmente la prostitución fuese escuchada, probablemente el eje del debate sería diferente. El objetivo estaría dado en identificar cuál es el panorama actual de la prostitución en Comodoro, para reconocer los principales obstáculos en el goce de derechos de quienes desarrollan esta actividad. Hacer foco en los derechos vulnerados de las personas en situación de prostitución es un punto de partida ineludible de este debate.
Las posturas abolicionistas definen a la prostitución como una actividad denigrante y por lo tanto, buscan su desaparición como fenómeno. Aun coincidiendo con esta lectura, es tiempo de admitir que el abolicionismo no ha sabido convertirse en políticas públicas eficaces para alcanzar aquel objetivo. Más allá de sus buenas intenciones y haciendo oídos sordos a sus versiones más moralizantes, la idea de "abolir" la prostitución en general ha redundado de una u otra manera en mayor vulnerabilidad social para quienes se encuentran en esa situación, cuando no en su directa criminalización.
Es cierto que ejercer la prostitución conlleva daños y riesgos: para la salud, para la integridad física, para el desarrollo de una vida sustentable y con proyectos. Cuando se realiza en condiciones de clandestinidad, aquellos riesgos se ven agravados: ¿cómo garantizarse cierta seguridad si no es bajo la “protección” de un proxeneta? ¿cómo denunciar la violencia de un cliente? ¿cómo exigir el uso del preservativo? Está claro que la mera prohibición de una actividad no hace que deje de suceder.
En Comodoro, la cuestión convoca otros asuntos, al tratarse de una ciudad con mucha actividad prostitutiva, muy vinculada a actividades que sí son ilegales como la venta de drogas y en algunos casos, con la trata de personas. Comenzar a distinguir estos campos resulta necesario.
La creación de zonas rojas por sí sola no garantiza nada, y la prohibición de la oferta de sexo fuera de esos espacios corre los riesgos de criminalización antes referidos. Sin embargo, la reglamentación de la actividad sí puede avanzar varios pasos en cuanto a evitar el proxenetismo (anulando intermediarios) y puede ser una política que contribuya al fortalecimiento colectivo de las personas en situación de prostitución, que podrían eventualmente nuclearse y mejorar sus condiciones de ejercicio, manejando horarios, tarifas y reglas en general.
Como sucede siempre en la gestión de los problemas públicos, el primer paso para su resolución es el diagnóstico de situación. No se trata solamente de imaginar el mejor de los mundos posibles, sino también de reconocer aquellas realidades problemáticas para las que todavía no tenemos solución. Solo colectivamente y con todos/as los actores involucrados seremos capaces de inventar una respuesta estatal que garantice y promocione los derechos de todas y todos los ciudadanos.