Los hechos que se investigan ocurrieron entre junio de 2021 y enero de 2022, cuando la víctima estableció contacto con una usuaria de Facebook identificada como “Aldana Gutiérrez”. El 20 de agosto de 2021 el denunciante recibió una llamada de WhatsApp. Cuando respondió, una persona se identificó como “Danilo Sepúlveda” y le manifestó que era el abogado de la familia de la mujer con la que había intercambiado mensajes íntimos. El presunto abogado agregó que los padres de “Aldana Gutiérrez” habían descubierto la situación y exigían una suma de 130.000 pesos para “arreglar”. En caso contrario, presentarán una denuncia en su contra. Asimismo, el “letrado” le indicó que, por tratarse de una menor de edad, la causa penal terminaría con una pena de prisión.
A los fines de evitar una denuncia en su contra, la víctima accedió a la exigencia y transfirió el dinero al número de cuenta que le dictó el supuesto abogado.
En este marco, la representante de Fiscalía, sostuvo que el número de CBU al que fue enviado el dinero pertenece a la cuenta bancaria de Natalia Soledad San Martín (22). Para la investigadora, la imputada colaboró con el autor de la extorsión, facilitando el número de su cuenta bancaria para recibir el dinero
EL PECADO DE MIRAR
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez. En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación, el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal estableció que el número de CBU donde se recepcionaron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de Nadia Janett Sisterna (34).
Por otra parte, la fiscal Rita Barrionuevo (foto) informó que el 20 de septiembre de 2021 la víctima recibió un nuevo mensaje de WhatsApp. Allí, una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria.
Para ello, le dio un número de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que pertenece a la imputada Bárbara Micaela Sisterna (25). En esa oportunidad, el damnificado, realizó cuatro envíos de dinero.
LA ACUSACION
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, las hermanas Sisterna, junto a Nadia San Martín, colaboraron con el autor de la extorsión, aportando sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las transferencias realizadas por la víctima.
En consecuencia, peticionó al magistrado que se investigue a Nadia y Bárbara Sisterna bajo la calificación legal provisoria de partícipes necesarias del delito de chantaje.
También detalló las evidencias de cargo con las que cuentan para formular la imputación. Entre ellas mencionó el análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las imputadas. También aportó información sobre los resultados de allanamientos efectuados en el marco de esta investigación.
A su turno, el Defensor Público Marcelo Catalano no formuló oposiciones a la presentación del caso del Ministerio Público Fiscal, considerando que sus asistidas podrían haber tenido un rol de colaboración en el supuesto chantaje, pero no de partícipes.
A todo esto, las hermanas Sisterna participaron del acto judicial mediante el sistema de video conferencia desde la ciudad de Trelew. Las sospechosas decidieron no prestar declaración en esta etapa del proceso judicial.
Finalmente, el juez Ariel Quiroga resolvió hacer lugar al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio contra Nadia y Bárbara Sisterna en orden a los hechos narrados y la calificación legal provisoria propuesta por la Fiscalía. Además, dispuso que la investigación se debe desarrollar hasta el 19 de abril de 2024.