Patagonia amenaza con devolver la concesión del transporte en Comodoro

Prestadora del transporte en la ciudad desde hace más de tres décadas, y de manera monopólica desde 2007 con contrato asegurado hasta 2022, Patagonia Argentina amenazó ayer con devolver la concesión del servicio, que se prorrogó de modo anticipado por su solicitud a fines de 2015. Argumenta desfasajes financieros por la demora en los subsidios y los "cuestionamientos" que recibe. Pero para el intendente, "la empresa no quiere ser controlada". Además, Linares consideró llamativa la decisión "justo cuando se implementó la SUBE".

Tanto Atilio Rossi, como Jorge Moreno, titular y gerente de la transportista Patagonia Argentina, salieron a plantear públicamente ayer que se retirarían de la concesión del servicio que mantienen desde 2007, con un contrato que durante 2015 se prorrogó de manera anticipada por otros cinco años, extendiendo por ende el monopolio hasta 2022. La posición empresaria, no obstante, solo se produjo a nivel mediático, ya que no obró ninguna presentación formal ante la municipalidad, que es el poder concedente.
"No somos dueños de nuestra empresa; nos quieren manejar hasta el personal", se quejó Moreno en clara alusión al rol municipal como contralor de la prestación y su estructura de costos. "Cuestionan si tengo un chofer más o uno menos; tengo que tener 2,5 choferes por coche por el sistema de trabajo que impone el Convenio Colectivo con UTA. Me dicen que tengo muchos administrativos y lo que más me indigna en particular es que un integrante del Ente de Control salió a decir que retaceábamos la información cuando desde el primer momento les pusimos la empresa a disposición. Hasta los invitamos a que miren para atrás nuestro sistema estadísticas para ver cuántos pasajeros transportábamos", acotó.
Moreno también planteó quejas respecto de la tarifa, que hay que recordar recibió un aumento en septiembre y tiene otorgados dos tramos a futuro en enero y mayo de 2017. Según planteó, "para ir a Caleta Córdoba la tarifa desde el centro son $ 9,90 para recorrer casi 20 kilómetros, y desde Comodoro a Rada Tilly ronda los 18 pesos cuando son 10 kilómetros. Es el mismo combustible, el mismo chofer y el mismo colectivo, y son los mismos costos; tendríamos que tener la misma tarifa" reclamó.
No obstante, admitió de modo tácito que el planteo de rescisión tiene lugar para obtener un margen de negociación que les dé "una política clara; estamos esperando la respuesta del municipio. No hicimos una presentación formal, sino el ofrecimiento informal. Si están disconformes con lo que hacemos, rescindamos contrato de común acuerdo".

"NO QUIEREN
SER CONTROLADOS"
En este contexto, el intendente Carlos Linares fue lapidario con la actuación de los referentes de la transportista. Dijo que le llamaba la atención un planteo mediático sobre algo que debía dirimirse en la municipalidad y dentro del marco de concesión.
"Me extraña la decisión con un contrato que se amplió hace poco a pedido de ellos por la famosa amortización de las máquinas (los monederos electrónicos que por contrato se instalaron) cuando pusimos el sistema SUBE. Me da que pensar que tomen la determinación ahora; que justo cuando se implementa la SUBE quieran rescindir", planteó.
"No tenemos problemas con Patagonia, pero vamos a controlar. Me parece que a la empresa no le gusta que controlemos. Nos viene a amenazar con devolvernos la concesión cuando hay un contrato y se tienen que hacer responsables" dijo el intendente para valorar la renovación de unidades, por ejemplo, e indicar que eso no quita los controles municipales.
"A partir de estos meses sobre todo, empezamos a recibir la información del SUBE y algo que se suma al Ente de Control. Da la casualidad que se crean ambos y ellos quieren devolver una concesión que tienen desde hace casi 40 años", ironizó.
Por último, el intendente planteó que entre los controles que se efectúan actualmente se incluye el análisis de cómo la empresa liquida su rentabilidad (hoy tiene una ganancia garantizada de 4 millones mensuales netos, sin ningún tipo de riesgo empresario) y trasparentó que exige que se liquide ese monto "libre de impuestos".
También añadió la multa por casi 3 millones de pesos que la comuna pidió el lunes 7 de este mes, cuando sin aviso previo paralizó la prestación, provocándole múltiples inconvenientes a la población, que en estos casos queda de rehén.
"Cuando uno les entra a marcar cosas, no les gusta. El que me conoce sabe que conmigo no; a mí no me corren por ese lado. Ni siquiera lo voy a tomar en cuenta esto porque no puedo tomar en serio lo que digan en un programa de radio. Acá hay un contrato; no es así nomás", concluyó.

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