Tras el "tarifazo" el Tribunal de Cuentas ordenó una auditoría sobre los números de la SCPL

La revisión de las cuentas de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada por parte de ese órgano contralor llega en medio del descontento de la ciudadanía por el "tarifazo" de la energía eléctrica aprobado durante la última semana por el Concejo Deliberante. La resolución de la auditoría, que lleva el N°16 de este año, fue emitida el jueves y lleva la firma de los dos vocales de la oposición que integran el tribunal: Gastón Acevedo, de la UCR- Cambiemos y Carlos Relly, de Chubut Somos Todos. El equipo se constituirá mañana en la SCPL para comenzar con el procedimiento de auditoria económica y financiera desde 2012 a la fecha. Tendrá alcances sobre la prestación de los servicios públicos.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada había sido sometida por última vez a una auditoria en 2011, encargada a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Fue desarrollada en una época coincidente con el cambio de gestión municipal y aunque determinó la separación del cargo de varios referentes gerenciales, como el caso de Claudio Jurdana -devenido luego en secretario comunal de Gobierno de Néstor Di Pierro- nunca terminó de arrojar luz sobre la verdadera situación en la entidad. O al menos no públicamente y con detalles superadores de las ya conocidas deudas a la distribuidora mayorista eléctrica Cammesa. O algunos datos efectistas como conocer los salarios del personal.
Esta vez, es el propio organismo de control del Estado municipal el que ordena y llevará adelante la auditoria económica financiera en el ámbito de la cooperativa. Está referida puntualmente a los servicios concesionados por la Municipalidad, y será además el Tribunal el que fijará la modalidad de la misma, tras la consulta a los cuerpos técnicos.
Según se fundamenta en los vistos de la resolución marco, el organismo tiene competencia originaria y autónoma, fijada por Carta Orgánica, "para revisar las cuentas generales, especiales y balances parciales y generales de entidades donde se comprometan intereses económicos municipales".
Además tiene la potestad de fiscalizar el destino de los fondos o beneficios recibidos u otorgados en carácter de subsidios o subvenciones, y de requerir de los entes privados prestatarios de servicios públicos, los datos e informes que necesita el tribunal para cumplir su cometido y exigir la presentación de libros, expedientes y documentos.
El tribunal también tiene facultad para constituirse en cualquier organismo municipal o hacienda paraestatal para efectuar auditorias, comprobaciones, verificaciones o recabar los informes que considere necesario.
Y es en función de la inexistencia actual de un ente regulador o de control de los servicios públicos en el ámbito local que consideran razonable articular la competencia del tribunal para fiscalizar las actividades de este concesionario de servicios públicos en el caso puntual de la energía eléctrica, agua potable y cloacas.

POR MAYORIA
Como ya se indicó, la resolución de auditoria lleva las firmas de los vocales de oposición del órgano contralor, Gastón Acevedo y Carlos Relly, y no así la del integrante oficialista, Miguel Hernández.
La coyuntura en la que se ordena la revisión de cuentas y estados financieros no resulta azarosa, dado que hoy convive la caída de subsidios nacionales y fuertes subas en las tarifas eléctricas, con aumentos sustanciales en los servicios de agua potable y cloacas aplicando en este último caso la fórmula de actualización automática denominada "pass trough".
Esta última aplicación determinó que el Concejo Deliberante, con potestad excluyente en la fijación de tarifas no tenga intervención alguna en las subas en materia de agua potable y cloacas. Y de hecho la SCPL ha girado tarde y de modo incompleto los informes marco que debía elevar al cuerpo legislativo.
Hay que recordar además que el Gobierno provincial gestiona -infructuosamente hasta la fecha- la condonación de deudas ante la Compañía Argentina Mayorista del Mercado Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por parte de las cooperativas provinciales, además de buscar un precio diferencial para la región, dado el mayor consumo energético domiciliario ocasionado por una mera cuestión de latitudes.
No menos relevante deben considerarse los dos años de vigencia en que la SCPL aplicó el fondo de sustentabilidad como un gravamen adicional a los usuarios. Por ordenanza ese fondo vigente hasta este mes estaba destinado a aplicar en porcentuales específicos a obras y cuestiones salariales. Sin embargo, no se ha especificado aún si la entidad dio cumplimiento cabal a la afectación de fondos ordenada.

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