En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional Argentina difundió un informe que describe un escenario “crítico” en materia de políticas públicas para la prevención y atención de la violencia de género. La advertencia llega en un contexto donde, según la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Argentina ocurre un femicidio cada 35 horas.
La organización señala que desde diciembre de 2023, bajo la gestión de Javier Milei, se profundizó el desmantelamiento de programas e instituciones diseñadas para garantizar los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades. Por primera vez en casi 40 años, el país quedó sin un organismo estatal con competencias específicas para abordar la violencia de género, lo que —según el informe— deja a miles de personas sin acompañamiento ni contención.
Uno de los datos más contundentes es la reducción del 89% del presupuesto destinado a políticas contra la violencia de género respecto de 2023, junto con la eliminación de 13 programas considerados clave, entre ellos el Programa Acercar Derechos (PAD), que acompañaba a víctimas en el acceso a la justicia.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, remarcó que esta situación no es aislada: “Forma parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances en los derechos de las mujeres y diversidades. Estos retrocesos no son accidentales: responden a una agenda internacional que pretende borrar conquistas históricas”.
Entre los recortes más significativos se encuentra la línea 144, un servicio de asistencia para mujeres en situación de violencia que pasó a un esquema genérico, perdiendo su especificidad y dos tercios de su presupuesto en 2024. El proyecto de presupuesto 2026 directamente elimina su partida.
El Programa Acompañar, que brindó apoyo económico y asistencia a unas 350.000 mujeres desde su creación en 2020, también fue severamente reducido: su presupuesto cayó un 90% en 2024 y se restringieron las condiciones de acceso.
El documento también detalla trabas crecientes para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. La organización recibió en 2024 el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto respecto del año anterior. Además, la provisión de anticonceptivos y tests de embarazo cayó un 81% y el Plan ENIA —considerado vital para prevenir embarazos no deseados en adolescentes— quedó sin financiamiento para 2026.
Amnistía advierte también sobre el incremento de las violencias de género en entornos digitales, con particular impacto en periodistas y comunicadoras. Entre los casos mencionados figura el de Julia Mengolini, quien denunció campañas de hostigamiento amplificadas desde espacios cercanos al poder. “Cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas: insultos sexualizados, cuestionamientos sobre la apariencia física y amenazas dirigidas a sus familias”, explicó Lucila Galkin, directora de género y diversidad de la organización.
El informe llega en un año clave: en 2026 Argentina deberá presentarse ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Amnistía alerta que, de persistir el recorte de programas y el debilitamiento institucional, el país corre riesgo de incumplir compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.