Julio Cortázar fue perseguido y prohibido por denunciar junto a otros intelectuales, que vivían en el exterior, los crímenes del terrorismo de Estado cometidos en América Latina, en la década del 70, un hecho que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difunde al cumplirse el 101 aniversario del nacimiento del escritor.
Si bien el autor de "Rayuela", nacido el 26 de agosto de 1914, en Bruselas, se autoexilió en 1951 por decisión propia y sólo volvió a la Argentina ocasionalmente, los servicios de inteligencia recogieron información sobre su participación internacional en la denuncia de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado en Latinoamérica.
La ficha del escritor fue hallada entre "las 217.000 fichas personales" del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que decidió investigar a Cortázar en esos años, dijo Samanta Salvatori, directora del programa de investigación de la Comisión, que tiene a su cargo la preservación de ese archivo.
"Existen análisis con respecto a la censura en obras de Cortázar, pero estas son por su participación política, lo que nos resultó muy llamativo", sostuvo la integrante de la CPM.
Según la investigación, el 29 de agosto de 1975, la DIPPBA elaboró el legajo N° 3178 con una ficha que sólo tiene seis datos: apellido (Cortázar), nombre (Julio Florencio, el segundo escrito a mano alzada), nación (Arg. Francia), localidad, profesión (escritor) y antecedentes sociales o entidad: "Habeas".
Para ese entonces, Cortázar llevaba 24 años lejos del país -primero por decisión propia, luego por mandato militar-, era ya un escritor consagrado y, en el último tiempo, se había acercado a los movimientos de liberación en América Latina.
En 1974, fue miembro del Tribunal Russell II reunido en Roma para examinar la situación política en América Latina.
Un memorando del 21 de mayo de 1979, con origen en el Batallón de Inteligencia 601 y remitido al director general de Inteligencia, advierte que el mensuario OPCION (órgano de difusión del Partido Socialista de los Trabajadores) transcribe una carta fechada "México Dic./78", firmada entre otros por el autor de "Final de juego".
El documento de inteligencia transcribe algunos pasajes de esa carta en los que se expone la finalidad de la organización: "poderosa campaña de solidaridad con los pueblos latinoamericanos que padecen la tiranía, la barbarie y la negación de sus esenciales derechos humanos [?] Más que poner en evidencia a los verdugos, se procurará, hasta donde sea posible, clarificar la suerte de los desaparecidos y allanar a los exiliados los caminos de regreso a su tierra".
Durante la investigación, los agentes de la DIPPBA amplían la información y bajo la categoría de actividad subversiva sostienen que la celebración de la sesión del Tribunal Russel "forma parte integrante de la campaña internacional de desprestigio", que "el escritor Julio Cortázar, que actuó en calidad de jurado, fue aplaudido por la concurrencia al pedir deponer como testigo.
La última información sobre Cortázar en el archivo de la DIPPBA corresponde a un parte del 20 de mayo de 1980, referido a "la elasticidad en las prohibiciones" pese a lo cual Cortázar fue calificado como un F.4. que significaba, de hecho, la prohibición de presentarse públicamente o difundir su obra.
En el anexo 2 del Acta Nº 11, bajo el título: "Actualización lista periodistas - escritores y artistas plásticos (F.4)" aparece el nombre de "CORTAZAR, Julio Florencio", con la siguiente referencia: "Por ser ciudadano argentino por opción, nacido en Bélgica, se sugiere retirarle la citada ciudadanía".
No obstante, "el gobierno militar no le quitó su ciudadanía; la prohibición que pesaba sobre Cortázar sólo era una prohibición meramente de forma, no fue necesaria su aplicación porque el escritor nunca volvió, ni reclamaría "colaboración" o "auspicio" de un gobierno genocida al que denunció permanentemente en la prensa internacional", señala el informe de la Comisión.