Autorizan la suspensión del juicio a prueba para cuatro de los imputados

Uno de los principales argumentos fue que no se trataba de funcionarios. También se consideró el trabajo comunitario en beneficio de una entidad pública para reparar el daño causado y deberán cumplir por el término estimado la regla general de conducta de presentarse periódicamente ante el Cuerpo de Delegados de Control y no verse involucrados en nuevos delitos.

En horas de la mañana del presente viernes se conoció la resolución de la jueza Daniela Arcuri sobre la causa por la suspensión de juicio a prueba para los imputados Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori en la causa conocida como IPV local. Por su parte para el entonces delegado local del organismo, Abel Reyna, en su calidad de exfuncionario, se pospuso el trámite hasta el próximo viernes 15 de febrero, a las 10.00 hs., cuando se propondrá un juicio abreviado.

Cabe señalar que el pasado lunes se realizó la audiencia donde los defensores de los imputados propusieron la aplicación de suspensión de juicio a prueba para los 4 imputados .

En este marco, la jueza autorizó la suspensión de juicio a prueba para Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori considerando la reparación ofrecida por ellos como “adecuada y razonable”. También consideró el trabajo comunitario en beneficio de una entidad pública para reparar el daño causado, también deberán cumplir por el término estimado la regla general de conducta de presentarse periódicamente ante el Cuerpo de Delegados de Control y no verse involucrados en nuevos delitos.

Asimismo, en su resolución la magistrada declaró la admisibilidad y la procedencia de las suspensiones solicitadas. El Instituto fue solicitado antes de la apertura del debate y fue peticionado por los imputados, ofreciendo una reparación económica, en la medida de sus posibilidades; como el abandono de los bienes decomisados. Otro de los requisitos para poder hacer lugar a las suspensiones es que la pena sea inferior a tres años y que el sujeto activo no sea funcionario público. También se debe dar el consentimiento del fiscal, que en el caso se da, como también el de la querella.

Arcuri argumentó que la reparación ofrecida por todos los imputados estaba dentro de sus posibilidades y que se ha abandonado los bienes decomisables por el procedimiento Administrativo de recupero de las viviendas iniciado por el IPV. Todos los delitos imputados son de acción pública y procede la suspensión ya que ninguno de los cuatro imputados era funcionario público, como tampoco ninguno poseía antecedentes penales computables.

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Leonori, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero, abogado particular; en tanto que la de Antimilla y Medina Consoli por Esteban Mantecón, defensor público.

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