La justicia federal de La Plata concedió este viernes el arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, condenado a cuatro reclusiones perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura cívico militar, pero que no efectivizará por una decisión de primera instancia que le impide al represor tener ese beneficio.
Guadalupe Godoy, abogada de la familia de Jorge Julio López, aseguró en diálogo con C5N que "el juez Esmoris votó a favor de otorgarle el beneficio por entender que el beneficio pasados los 70 años se debe otorgar de manera automática. El juez Castelli en tanto ignora los informes médicos que señala que Etchecolatz está en condiciones de permanecer en el Servicio Penitenciario y se lo otorga por razones humanitarias".
"Estamos dolidos con esta decisión, no sorprendidos", aseguró Godoy quien denunció que desde el cambio de gobierno en diciembre se empezaron a sentar las bases para que los genocidas vuelvan a las calles.
"Hubo un cambio radical del tribunal este año a la par del desmantelamiento de las estructuras del Estado que aportaban a los juicio. Los mismos apellidos que llevamos o intentamos llevar a juicio por delitos de lesa humanidad hoy están en el gobierno nacional. Ahora son lo que detentan espacios de poder que les permiten influenciar muchísimo más que antes", denunció Godoy.
Esta línea se enmarca en la decisión del Estado nacional de dejar de apelar cuando la justicia disponga el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por delitos de lesa humanidad.
