Patricia Bullrich responsabilizó a las máximas autoridades de la Prefectura Naval de haber ordenado filmar y fotografiar la detención Amado Boudou en 2017, en el marco de la denominada "Causa Ciccone", material que fue filtrado a los medios de comunicación para estigmatizar la figura del exvicepresidente mostrándolo aprehendido, descalzo y en jogging. A través de un escrito presentado ante la Justicia, la exministra de Seguridad de Cambiemos sostuvo que los registros fueron realizados por efectivos de esa fuerza con un teléfono celular que supuestamente se perdió y, justificando desmemoria, aseguró que no recuerda si se los enviaron a ella. Un prefecto que declaró en octubre dijo que se las mandó por whatsapp.
Acompañada por su abogado, Julián Curi, Bullrich declaró por videoconferencia como imputada ante el juez federal Sebastián Ramos por los presuntos delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. No habló de la acusación y se negó a responder preguntas, aunque presentó un escrito de cuatro páginas. "El personal que tuvo a su cargo la realización del procedimiento habría recibido por parte de su superior dentro de la misma fuerza la orden de obtener registros fotográficos y fílmicos en la noche previa a la diligencia", señaló en el descargo.
Respecto del material que difundió la prensa, llamativamente, indicó que “el aparato telefónico con el cual se obtuvieron las fotografías habría sido extraviado poco tiempo después del procedimiento” ordenado por el juez Ariel Lijo. La presidenta del PRO, además, se escudó en que las fotos y videos “habrían estado en poder de varias personas", que no hubo detalles sobre "a qué abonados telefónicos fueron enviados, como así tampoco si fueron reenviados mediante teléfonos oficiales o particulares”.
De esa forma, la presidenta del PRO le endilgó a la Prefectura Naval la responsabilidad del operativo y negó "haber impartido de forma personal algún tipo de directiva específica o particular para el cumplimiento de la orden de detención, tanto antes, durante o con posterioridad a la realización del procedimiento" que se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2017 en el departamento en el que Boudou vivía con su familia en Puerto Madero.
Las palabras de Bullrich chocan con lo declarado en octubre pasado por el prefecto Eduardo Scarzello, imputado en la causa. Ante Ramos, el efectivo que participó del operativo de detención en 2017 dijo que se reunió como lo hacía habitualmente con el Prefecto General Logozzo en su oficina para ver las novedades operativas de la Prefectura y que en ese contexto habló con la exministra. "Le informé a Patricia Bullrich vía telefónica con el teléfono oficial, lo acontecido con el procedimiento, ya que era común hacerlo tanto en esta circunstancia como en otras", contó.
"En esa oportunidad, ella me solicitó fotografías del procedimiento, y el Prefecto General Logozzo le solicitó las fotografías al personal interviniente en el procedimiento por orden mía". Luego de recibidas las imágenes, explicó, las enviaron "al Ministerio por whatsapp". "No recuerdo si efectivamente las envié yo o le di la orden al Prefecto Logozzo que las enviara porque él también tenía comunicación con la Ministra", señaló.