En silencio y sin comunicados oficiales, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició una reestructuración profunda de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), unidades clave para el monitoreo del narcotráfico y las redes criminales en distintas provincias del país.
La orden partió de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), a cargo de Ramiro Anzit Guerrero, hombre de confianza de Patricia Bullrich. Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y testimonios de agentes, la medida implicó el cierre o traslado de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además de reubicaciones forzadas de especialistas con conocimiento directo de los territorios más afectados por el tráfico de drogas.
Los CICRE fueron creados durante la primera gestión de Bullrich, en 2016, para federalizar la inteligencia criminal y articular información entre fuerzas federales y provinciales. En esos nodos se procesaban datos sobre rutas del narcotráfico, lavado de dinero, clanes familiares y conexiones transnacionales, en coordinación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Pero en los últimos meses, el esquema comenzó a desmantelarse. Coordinadores regionales fueron trasladados de Salta a Buenos Aires, de Chaco a Iguazú, de Ushuaia y Neuquén a Bariloche, y de Mar del Plata a La Plata. En Córdoba y Mar del Plata, las oficinas directamente cerraron. Los cambios se notificaron por correo electrónico el 20 de mayo, con plazos de entre 15 y 25 días y sin compensación económica por los traslados.
Entre los agentes afectados crece la sospecha de represalias internas. “La intención es forzar retiros y reemplazar al personal con gente propia”, aseguró uno de los desplazados, que pidió anonimato. Varios de los empleados transferidos están cerca de cumplir 20 años de servicio, lo que les permitiría acceder a su jubilación anticipada con el 65% del haber.
Desde el Ministerio de Seguridad niegan un vaciamiento y sostienen que se trata de un “redespliegue estratégico”. “El objetivo es fortalecer las zonas calientes donde operan las bandas más activas, como Rosario, el NOA o la Hidrovía”, explicaron voceros oficiales, en referencia a los planes Güemes, Bandera y Guacurarí.
Sin embargo, otras fuentes del propio Ministerio advierten que el proceso reduce la capacidad de investigación sobre el narcotráfico en el interior. “Con los CICRE se seguía a más de cien organizaciones criminales. Ahora todo se centraliza en Buenos Aires, lo que rompe el vínculo con fiscales y fuerzas provinciales”, señaló un funcionario que pidió reserva.
El rediseño coincide con el regreso de Anzit Guerrero a la DNIC, tras haber dejado el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri por un sumario administrativo. Según confirmaron fuentes internas, al menos dos funcionarios que participaron de aquel expediente fueron recientemente desplazados o trasladados.
En el plano operativo, la red de inteligencia contra el narcotráfico quedó debilitada: la oficina del NOA en Salta fue cerrada; la de Jujuy continúa abierta gracias a fondos provinciales; y las nuevas sedes en Iguazú, La Plata y Bariloche aún no están plenamente activas.
Lo que alguna vez fue presentado como un sistema federal para combatir el narcotráfico con inteligencia coordinada hoy enfrenta su mayor crisis. Entre mudanzas, traslados y renuncias, los CICRE —que nacieron para descentralizar la información criminal— están siendo absorbidos por un modelo más concentrado, en el que Buenos Aires vuelve a ser el epicentro del control.
Con información de La Nación