Meses después de que el pastor chaqueño Jorge Ledesma sorprendiera al presidente Javier Milei con la historia de una “conversión divina” de pesos en dólares para construir su templo, la atención sobre el financiamiento religioso vuelve a encenderse, esta vez en Santa Fe.
Allí, el control de áreas sensibles del Estado quedó en manos de representantes evangélicos que hoy enfrentan cuestionamientos por presunto desvío de fondos públicos.
El pastor Walter Ghione, diputado provincial y presidente del partido Una Nueva Oportunidad (UNO) —la herramienta política del movimiento evangélico santafesino—, logró posicionar a referentes propios en espacios clave del gobierno provincial. Entre ellos, ubicó a Luciano Sciarra como secretario de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), organismo encargado de ejecutar el programa “Redes del Cuidado”, dotado con miles de millones de pesos del presupuesto provincial.
Según un pedido de informes presentado por el diputado peronista Miguel Rabbia, bajo el paraguas de la emergencia en materia de adicciones —que otorga amplias facultades para reasignar partidas— se habrían transferido casi cuatro mil millones de pesos a fundaciones y asociaciones civiles vinculadas a pastores y dirigentes del partido UNO.
Rabbia denunció que varias de las entidades beneficiadas fueron creadas pocos meses antes de recibir los aportes y no registran antecedentes en tareas de prevención. Entre los casos más llamativos figura la Asociación Civil Perseverar, constituida en enero de este año, que recibió más de mil millones de pesos por decreto, y la Cooperativa de Trabajo OLH, de Carcarañá, que obtuvo 675 millones entre noviembre de 2024 y septiembre pasado.
En la misma línea, la Asociación Civil Rockas Vivas, fundada en marzo de 2025 en Rafaela y presidida por Laura Ruth Callejas, esposa del pastor Carlos Cruzado —candidato a concejal por el partido de Ghione—, fue beneficiada con más de 900 millones de pesos para acciones de prevención de consumo problemático.
Consultado por LPO, Rabbia advirtió que el manejo de fondos sin control técnico ni evaluación social “abre la puerta a un uso político y clientelar del Estado bajo la cobertura de la fe”.
El pastor Ghione, por su parte, defendió en declaraciones anteriores la articulación entre su movimiento y el Estado: “Buscamos sumar el trabajo espiritual a una respuesta multidisciplinaria frente a las adicciones”.
No obstante, su creciente influencia política ha despertado inquietud dentro de la Legislatura. Los evangélicos, que ya presionaron en la última Convención Constituyente para eliminar la mención a la Iglesia Católica como religión oficial, avanzan en la construcción de una red territorial y política que trasciende el ámbito religioso y proyecta a Ghione como figura nacional.
Mientras tanto, el pedido de informes de Rabbia podría marcar el inicio de una investigación formal sobre el uso de los recursos públicos en programas de alto impacto social bajo gestión confesional.
Con información de LPO