Causa Revelación: el juez aceptó las obras que propusieron los empresarios y habrá "probation"

Piñeda resolvió ayer hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba para los cuatro empresarios de la construcción implicados en la causa en la que se investiga el pago de "retornos" a funcionarios políticos por contratos de obras públicas. A cambio de reconocerse responsables y de realizar distintas obras a manera de reparación económica, Esteban Torraca, Patricio Musante, Ignacio Salaberry y Oscar Peña no pasarán por juicio oral ni cumplirán condena alguna.

El juez penal de Trelew, Sergio Piñeda, aceptó ayer la suspensión de juicio a prueba para Esteban Torraca, Patricio Musante, Ignacio Salaberry y Oscar Peña. Se trata de los cuatro empresarios de la construcción que reconocieron haber accedido a contratos de obras públicas a cambio del pago de coimas solicitadas por funcionarios provinciales del anterior gobierno. Argumentaron que efectuaron esos pagos como forma de acceder a dichas licitaciones y cobrar la deuda que el Estado tenía con ellos por trabajos ejecutados.

La resolución del magistrado se conoció ayer, luego de haberse cumplido los cinco días hábiles que había solicitado para analizar las objeciones planteadas por los querellantes, que en reglas generales consideraron que las obras propuestas por los empresarios, incluso las mejoradas, eran insuficientes.

La suspensión del juicio a prueba implica, por un lado el reconocimiento de parte de culpabilidad, y por el otro la no elevación de la causa a juicio oral. La otra ventaja que consiguieron los empresarios es que, si bien sobre ellos recaerá alguna sanción para continuar siendo proveedores el Estado y la sanción moral, evitan cualquier tipo de pena efectiva.

REPARACION ECONOMICA

Con su resolución, Piñeda terminó con la incertidumbre que existía sobre el cierre de la causa, ya que tanto los fiscales como algunos de los querellantes, plantearon objeciones respecto a las propuestas de los empresarios.

La definición del magistrado, al menos la que se conoció a través del área judicial de prensa, carece de los detalles fundamentales, como son las obras que finalmente se aceptaron como virtual “probation” para evitar la continuidad del proceso y eventualmente la prisión.

En su momento, Oscar Peña ofreció construir un playón deportivo con césped sintético e iluminación en el barrio Sargento Cabral de Esquel, que tendrá una superficie de 21.5 metros por 50 metros. El costo aproximado es de 2.600.000 pesos.

El comodorense Esteban Torraca propuso reacondicionar la Comisaría Mosconi, en la que estuvo detenido. Los trabajos tienen un presupuesto cercano a los 2.300.000 pesos y podría haber recibido, por parte del juez, un pedido de obras adicionales.

Patricio Musante construirá un salón de usos múltiples, de 80 metros cuadrados, en el Centro de Acción Familiar de Gaiman. El costo estimado de los trabajos, que incluyen la habilitación de una cocina, baño, cerco perimetral y veredas, es de poco más de 3 millones de pesos.

Juan Ignacio Salaberry propuso realizar mejoras en la Comisaría Cuarta de Trelew, donde estuvo detenido. Es por un presupuesto estimado en 550.000 pesos, que se utilizarán para colocar un tanque cisterna de 1.200 litros de agua, con bomba de elevación, algunas refacciones menores y el pintado de la fachada.

LAS QUERELLAS

Las propuesta fueron inicialmente avaladas por la Unidad Anticorrupción, representada por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, pero encontraron resistencia en las querellas particulares de Iniciativa Ciudadana, que llevan adelante los diputados provinciales del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla y el de Cambiemos, Eduardo Conde.

Los legisladores justicialistas propusieron que las obras sumen, al menos, un dos por ciento del total de los trabajos que los empresarios certificaron al Gobierno provincial, en tanto que el legislador de origen radical consideró que cualquier oferta sería insuficiente para “reparar el daño causado a la sociedad”.

En la audiencia de la semana pasada, el fiscal Iturrioz dejó sentado el criterio de la Unidad Anticorrupción, cuando aseguró que por encima de las ganancias y las pérdidas “quienes defraudaron a la sociedad fueron los políticos como funcionarios públicos. A estos empresarios, no los vi prometiendo algo a la sociedad”, contrastó, para luego confirmar que las propuestas “aportan una devolución real a la sociedad”.

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